André Aubry "Chiapas la nueva cara de la guerra"

“Chiapas: la nueva cara de la guerra”

Andrés Aubry (24 y 25 marzo 2007, La Jornada)

La nueva contaminación que perturba la llamada zona de conflicto se debe a viejos actores que cambiaron de táctica, se dieron un nuevo rostro y otros nombres: URCI y Opddic. Antes de identificarlos y de analizar la preocupante, profunda y peligrosa transformación del nuevo panorama de la selva Lacandona, importa recorrer el proceso desde sus inicios hasta la reciente situación revelada por la racha de comunicados que emanaron no de la Comandancia General sino de las juntas de buen gobierno de todos sus caracoles. El objetivo actual de la contrainsurgencia se presenta como un trastorno de la geografía territorial, para devolver a sus antiguos dueños “las tierras recuperadas” o progresivamente liberadas por el EZLN desde los tiempos de su clandestinidad.

La disputa por las “tierras recuperadas”

Antes de que estallara el conflicto, los dueños de la selva fueron sucesivamente las monterías para el saqueo de su riqueza forestal, los chicleros, las fincas latifundistas anticonstitucionales progresivamente convertidas en ganaderas, los narcos y 400 lacandones finalmente “concentrados” por Echeverría en lo que hoy es la reserva nacional de la biosfera Montes Azules. Entre estos emporios existían espacios desiertos, las tierras nacionales, que se ofrecieron a migraciones de campesinos sin tierra con la promulgación de “la apertura de la frontera agrícola” por José López Portillo. En este espacio nació en 1983 el EZLN.

En la segunda mitad del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los zapatistas eran ya un poderoso movimiento, aunque clandestino, y hacia él convergieron estas decenas de miles de migrantes que aspiraban a hacer suya la selva, cuna de su civilización, formando allí nuevos ejidos con engorosos trámites nunca finiquitados. ElEZLN se presentó como un ejército defensivo, para protegerlos de los antiguos dueños; es decir, así como antaño el presidente Lázaro Cárdenas había dotado de armas a los campesinos para defender sus primeros ejidos y sus escuelas rurales, así el EZLN limpió progresivamente la selva de quienes la habían usurpado.

Los primeros en irse fueron los narcos, por lo tanto la policía (ya omnipresente) se deshizo de sus armas, ofreciéndolas sin problemas a los zapatistas, porque los confundían con pistoleros de los finqueros, pero no las vendían (por supuesto ilegalmente) sin adiestramiento previo de sus clientes. Así empezó una mala hora para los finqueros, pero también una buena para los campesinos: iban recuperando tierras con ejidos en formación hasta que Salinas, en 1992, reformando el artículo 27 de la Constitución, declaró que ya no había tierras repartibles. Bajo la presión del primero de enero de 1994, los latifundistas también abandonaron la selva.

Desde entonces, el EZLN iniciaba su fase pública. Para crear las condiciones del primer diálogo de paz, aquel de la Catedral, la diplomacia del comisionado Camacho logró crear una “zona gris”, sin militares (grosso modo, aquella de las ex tierras nacionales), en cambio de lo cual el EZLN liberó al ex gobernador Absalón Castellanos Domínguez. Ulteriormente, pasada la jornada trágica del 9 de febrero de 1995, que hizo peligrar la tregua pactada el 12 de enero del año anterior, se promulgó la ley del diálogo del 11 de marzo (de reciente aniversario), que hizo posible otro diálogo, aquel de San Andrés. La zona gris de Camacho, pero sin él en esa nueva circunstancia, se convirtió en el espacio en el cual el EZLN, conforme a la nueva ley, se iba transformando de movimiento armado en “fuerza política”, con la creación progresiva y pacífica de los municipios autónomos zapatistas. Desde ese momento, los nuevos dueños campesinos de la selva se iban fortaleciendo. A partir de 2003, la creación de los caracoles gestó allí un enorme esfuerzo pacífico y político, retroalimentado por escuelas y clínicas alternativas, programas de agroecología y un promisorio comercio alterno, directo (sin intermediario), de productos orgánicos.

Este espacio de ejidos (con resolución presidencial favorable pero no ejecutada) es el que el EZLN llama “tierras recuperadas”, no sólo en su aspecto agrario sino también en términos de gestión social. Hoy, con URCI, Opddic y hasta finqueros cuyas antiguas posesiones fueron pagadas a buen precio por el gobierno, está otra vez amenazado y, pese a la cancelación del reparto agrario por Salinas en 1992, hoy en vía de legalización por la Procuraduría Agraria en beneficio de estos nuevos usurpadores. Lo que está en juego, por lo tanto, es un retorno al statu quo ante aquel de los antiguos dueños de la preguerra. Las víctimas no son puros zapatistas, sino también los demás campesinos no afiliados al EZLN, también beneficiarios de la gestión plural de los caracoles.

Los recursos naturales: un casus belli.

A partir de 1995 se estructuraron las políticas de contrainsurgencia pese a las recurrentes sesiones del diálogo de San Andrés, definidas en los dos tomos del Manual de la guerra irregular redactado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Su teoría militar recuerda lo dicho por Mao de que “el pueblo es a la guerrilla como el agua al pez”, pero prefiere otra táctica: “Al pez se le puede hacer imposible la vida en el agua (en las comunidades campesinas), agitándola, introduciendo elementos perjudiciales a su subsistencia, o peces más bravos que lo ataquen, lo persigan y lo obliguen a desaparecer o a correr del peligro de ser comido por estos peces voraces y agresivos” (tomo II, no. 547). El conjunto de estos peces son los paramilitares, designados como “civiles armados”.

Efectivamente, la Sedena vació el agua de las comunidades, las penetró. Los peces más bravos no son como antes agentes externos (los episódicos pistoleros, quienes regresaban a vivir en las ciudades después de cumplir su cometido), ni guardias blancas (una elite exógena que desaparecía después de sus crímenes); son, al contrario, indígenas de las comunidades con “trabajo” de tiempo completo e in situ. Los primeros fueron organizados como MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista), cuya actuación fue muy discreta. Esta nueva fórmula necesita financiamiento, el que, siendo oficial, se debe justificar con nobles causas: en este caso la “revolución”. Otros siguieron con más constancia, cuya sigla se adornaba del “desarrollo”, de la “paz” o de los “derechos humanos” como Paz y Justicia, reclutado en elPRI, cuyo laboratorio fue la zona norte del estado, y sus víctimas fueron muchos presos y desplazados. Tanta violencia y los nuevos tiempos suscitaron escisiones, cuyos integrantes se pepenaron en el seno del PRD, la Unión Regional Campesina Indígena (URCI) y, desde el corazón de la selva por Teniperlas, la Opddic (Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos), creada por el fundador del MIRA, es la nueva punta de lanza del actual sexenio en la selva.

Estos viejos-nuevos peces bravos, como los folclóricos mapaches y pinedistas de la Revolución que se decían villistas, son también campesinos e indígenas fieles a los viejos dueños priístas o finqueros y actúan como su carne de cañón. Adornados de las nobles causas de sus siglas, ocupan ahora 3 mil hectáreas de las ex tierras nacionales, desde el norte hasta el sur por el Nuevo Momón. Como ofrecen tierras en sus nuevos ejidos, legalizables o ya legalizados, drenan muchos campesinos afligidos por la inseguridad agraria pero, a diferencia de la gestión pluralista del EZLN (un mundo en que quepan muchos mundos; no dividir, unir; no vencer, convencer; no suplantar, representar), una vez posesionados de sus nuevas tierras, la Oppdic exige su adhesión. A los recalcitrantes, se les quita casas, cosechas o camiones, se les expulsa y así nace una nueva generación de desplazados.

En esta área reocupada, los peces bravos desarticulan los municipios autónomos, amenazan sus escuelas y clínicas alternativas, contaminan tierras regeneradas o reforestadas por la agroecología zapatista, imposibilitan el nuevo mercado justo y sin coyotes de las cooperativas exitosas. Es decir, se inicia un desmonte de la vía política pacientemente construida por los caracoles. Si el EZLN volviera a defender sus tierras recuperadas como en el tiempo armado de la clandestinidad, se estimarían violadas la tregua y la ley sobre el diálogo, y se lo culparía de conducir una guerra intestina, se calificaría el conflicto de intra o inter comunitario de indígenas contra indígenas. Es el nuevo rostro de la guerra con máscaras políticas, la de las siglas tramposas de los peces bravos.

Más allá de esta táctica engañosa, ¿cuál es su estrategia? Para entender, al revés del primer proceso tenemos que empezar por el fin proyectado. El horizonte es la privatización de los recursos naturales de la selva, puerta chiapaneca del corredor biológico que va de Puebla a Panamá: la zona petrolífera cuyos pozos fueron tapados desde 1993 con la detección del EZLN; las aguas dulces de los ríos y lagos de las cañadas; la riqueza maderera; las plantas medicinales codiciadas por la industria farmacéutica; el botín de la diversidad vegetal ya biopirateada (es decir, ya exportada clandestinamente o candidata a la transgenización); los ríos caudalosos, los paisajes y la fauna exótica para el turismo elitista de aventura. Una ganga para la acumulación (ajena) de capital en la sistemática crisis financiera y de producción, fácilmente excusable con un hábil discurso ecológico.

Esta riqueza enfatizada por los acuerdos de San Andrés, territorializada por las tierras recuperadas, es la que vigila el Ejército con el pretexto de una contención delEZLN, como lo ejemplifico Andrés Barreda al mapearlo: zona gris y recursos naturales coinciden en el mismo espacio. Al quedar bajo la gestión del zapatismo, su privatización sería imposible, pero con la docilidad hacia el poder de la Opddic y otros peces bravos, deviene factible.

¿El medio? La reforma salinista del artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria. Al legalizar la reocupación de sus antiguos dueños por los nuevos ejidos de la Opddic, son ipso facto privatizables con el Procede, todavía optativo (lo que excluye que los zapatistas lo acepten) pero ya en gestación por los abogados de la Opddic. En tiempos “mejores”, los caracoles, municipios autónomos y juntas de buen gobierno se convertirían en niveles de gobierno sin territorio y sin bases, sus escuelas sin alumnos, sus clínicas sin enfermos, sus cultivos agroecológicos transgenizados, y su comercio alternativo sin clientes. De lograrse la estrategia, los zapatistas estarían en la imposibilidad de operar. ¿Y los campesinos e indígenas de la Opddic? Sencillo, se convertirían, dentro de sus propios ejidos, en los peones de las trasnacionales instaladas en las tierras hasta hoy recuperadas y ahora reocupadas, ya no por peces bravos sino por peces gordos: los nuevos operadores sistémicos de la última ola capitalista.