Masacrar a luchadores sociales, “un hábito” en México: Raúl Vera
Por fabbia @ desinformemonos
México. “Qué delincuencia ni qué ocho cuartos. Éste es un mensaje para los luchadores sociales; ya lo hemos visto en muchas partes”, acusa el obispo Raúl Vera –que ha realizado su labor pastoral en sitios conflictivos de México, desde Coahuila hasta Chiapas, pasando por Guerrero. La masacre de normalistas a manos de la policía de Iguala, el 26 de septiembre,
Vera compara los ataques a los estudiantes -que hasta hoy tienen un saldo de seis personas ejecutadas, 43 desaparecidos y 25 lesionados, dos de ellos graves- con la represión gubernamental a San Salvador Atenco en 2006. “Se trata de tácticas de terrorismo de Estado”, resume.
Acteal e Iguala: la crueldad
El obispo de Saltillo, Coahuila, encuentra como un punto coincidente entre la masacre de Acteal, Chiapas, en 1997, y la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de normalistas, la crueldad con la que se actúa. En Chiapas, el trato hacia los tzotziles asesinados –“eligieron a pacifistas, casi todos mujeres y niños”, aclara”- fue “kaibilesco”. El cura insiste en que fue un mensaje del Estado para intimidar a los insurrectos.
Otro símil entre las masacres, que provocaron la condena internacional al gobierno mexicano, está en la impunidad que los rodea. En Acteal, aunque se capturó a los paramilitares, estos se encuentran libres. Y en Iguala, el secuestro en junio de 2013 de ocho activistas y asesinato de tres de ellos, pertenecientes a la Unidad Popular, también quedó sin castigo. De acuerdo con un sobreviviente, el responsable directo de la ejecución fue el alcalde, José Luis Abarca, hoy prófugo. La viuda de uno de los líderes asesinados, Sofía Mendoza, sigue amenazada por los criminales, señala el dominico.
En Acteal, insiste Raúl Vera, hay testimonios de que la policía estatal y el ejército encubrieron y cuidaron las acciones paramilitares. “Este tipo de cosas las vemos en Iguala”, compara. El obispo, como parte de la organización Red Década contra la Impunidad, participó en dos caravanas de observación de derechos humanos a Guerrero, una para el caso de Iguala.
Vera abunda en el asesinato de Arturo Hernández Cardona, líder de la Unidad Popular, que “molestaba” a Abarca porque organizó una manifestación “fuerte” para exigir la aplicación de ayudas gubernamentales. Señala que fue capturado, junto con los otros siete militantes, y llevado a un baldío a las afueras de Iguala, donde el alcalde lo amenazó y lo asesinó, acompañado “por los criminales”, relata. La declaración del sobreviviente sucedió desde marzo de este año, “y nadie movió un solo dedo”.
“En estas desapariciones, participan ya otro tipo de cuerpos”, explica el obispo. E insiste en que los criminales son los “brazos” del alcalde. Califica de “absurdas” las versiones que indican que los normalistas habrían molestado, de alguna manera, a los criminales: “Eso es tratar de legitimar lo que pasó”.
“Ya no sabemos dónde acaban los cárteles, y empieza el crimen organizado que está en la estructura política y los aparatos de justicia. Ya estamos hartos de esta connivencia espantosa”, lamenta.
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