San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 16 de febrero de 2016
Boletín de prensa No. 03
El Estado mexicano sigue sin respetar los derechos de los Pueblos Indígenas
A 20 años de los Acuerdos de San Andrés
Hoy hace 20 años, en San Andrés Sakamch'em de los Pobres, el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal firmaron los Acuerdos de San Andrés
sobre Derechos y Cultura Indígenas. Son 20 años, en que el gobierno de México se ha
negado a cumplirlos; 20 años de puesta en práctica en los territorios zapatistas, con la
construcción de sus propias formas de gobernarse, primero a través de los Municipios
Autónomos y posteriormente con los 5 Caracoles y sus Juntas de Buen Gobierno.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) considera que el
Estado mexicano no sólo ha incumplido su obligación de respetar, garantizar y promover los
derechos de los pueblos originarios, sino que ha violentado estos derechos de manera
reiterada. Esto, para imponer su política económica y así avanzar en un modelo de desarrollo
económico en beneficio de las empresas nacionales y extranjeras, en despojo a las
comunidades indígenas a lo largo y ancho del país.
Las administraciones federales y estatales han pisoteado los derechos indígenas,
particularmente a la libre autodeterminación, la autonomía y a la tierra y el territorio. Es el
caso del pueblo nahua de Xochicuautla, en el Estado de México, que denuncia la
devastación de su territorio por amenaza de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto del
grupo Higa; y la Tribu Yaqui en Sonora, que ha ganado un amparo otorgado por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación para suspender el Acueducto Yaqui, que les quita el agua para
abastecer a la industria en Hermosillo, sin embargo, las propias autoridades no han
respetado esta decisión.
También han sido atacadas las formas de gobierno que varias comunidades y pueblos
originarios han construido, como las comunidades autónomas de Santa María Ostula y
Cherán en Michoacán, agredidas por gobiernos locales, estatales y federal no pocas veces
coludidos con la delincuencia organizada.
Es importante señalar que continúa la política de contrainsurgencia del Estado mexicano en
contra del EZLN y los pueblos en Chiapas que construyen caminos diversos al capitalismo
neoliberal. Es evidente la militarización en zonas indígenas, el impulso a conflictos en comunidades con presencia zapatista, la instrumentalización de organizaciones campesinas
para confrontar a Bases de Apoyo del EZLN y la utilización de programas gubernamentales
asistencialistas para controlar y cooptar a la población que resiste. Además persiste el
desplazamiento forzado y la impunidad en delitos de lesa humanidad cometidos por el
Ejército mexicano y grupos paramilitares.
Frayba reivindica el inalienable derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y a la
libre determinación para definir sus propias formas de gobierno, así como su derecho a la
tierra y el territorio, elemento fundamental de su cosmovisión y necesario para su
sobrevivencia.
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