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jueves, 31 de agosto de 2017

La desaparición forzada y la impunidad, herramientas de la política de Contra-insurrección .

En Chiapas se mantienen sin derecho a la verdad las desapariciones forzadas de la zona norte, Viejo Velasco y Banavil
En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba) reafirma su compromiso en caminar al lado de las familias y pueblos que luchan día a día por encontrar a sus seres queridos, que hasta hoy, se encuentran en desaparición.
Durante los últimos 10 años México ha experimentado un aumento acelerado en los índices de violencia y impunidad acompañados de un sistema de corrupción en todas las instituciones públicas del país.
La militarización de la seguridad ciudadana, atribuyendo a las fuerzas armadas roles que corresponden a las fuerzas policiales civiles, así como una política de confrontación contra el crimen organizado en el marco de “la guerra contra las drogas” y de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas partes del país, ha resultado en un incremento de la violencia y de violaciones a los derechos humanos, así como en mayor impunidad.
La desaparición forzada forma parte de la estrategia utilizada por el Estado mexicano para infundir terror a la sociedad y aniquilar experiencias de organización. Constituye una violación grave, continuada, a derechos humanos porque atenta contra la dignidad humana y afecta una diversidad de derechos como: a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica. En México su práctica sistemática e histórica significa un crimen de lesa humanidad.
En este contexto de crisis sistemática de los derechos humanos en México, la desaparición forzada de más de 30 mil personas es un hecho que indigna y duele. Más de la mitad de las desapariciones han ocurrido durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.
En Chiapas los casos de desaparición forzada, en el contexto del Conflicto Armado Interno, a consecuencia de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94, cometida por agentes estatales y de grupos paramilitares que operaron con apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado mexicano, se mantienen en la impunidad permitiendo condiciones para su repetición. Esta política contrainsurgente para acabar con la lucha por la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, ha provocado también ejecuciones extrajudiciales, masacres y el desplazamiento forzado en la entidad.
En la zona norte de Chiapas, entre los años de 1995 a 1999, el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia es responsable de 37 desapariciones forzadas; el 13 de noviembre de 2006 durante la Masacre de Viejo Velasco ejecutada por agentes policiacos y personas civiles, en presencia de Ministerios Públicos, fueron desaparecidos Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López; el 4 de diciembre de 2011, Alonso López Luna fue desaparecido de su comunidad Banavil, municipio de Tenejapa, mientras su familia fue desplazada forzadamente.
El Estado mexicano ha faltado a su obligación de realizar una búsqueda efectiva del paradero de las personas desaparecidas, impidiendo el derecho a la verdad como garantía negada a las y los familiares de saber qué ocurrió con sus seres queridos y proporcionar un recurso sencillo, rápido y eficiente que permita encontrarlos, lo cual constituye una forma de trato cruel e inhumano para las familias, la comunidad y la sociedad en general.
Urgimos al Estado mexicano garantizar la seguridad de las y los familiares que luchan hasta encontrarlos y nos unimos a la lucha de familias, colectivos y organizaciones para exigir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que dictamine de forma inmediata la Ley general sobre desaparición de personas, quitando los obstáculos estructurales que generan condiciones para que este delito se cometa, tomando muy en cuenta el aporte de los familiares y de organizaciones civiles respecto a la prevención, investigación y sanción de las violaciones que se derivan de las desapariciones, garantizando el derecho a la verdad, la justicia y reparación del daño, así como garantizar su no repetición.
Foto: ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Ciudad de México. 16 mayo 2017 (Serapaz)



"El país necesita una Ley que sea un instrumento que impulse la transformación tan anhelada que esperamos como familias. Sería una legislación que de implementarse correctamente y con un presupuesto suficiente podría romper el círculo histórico de dolor, impunidad, revictimización y miedo, además podría abrir una rendija de luz, una satisfacción mínima en comparación al dolor de perder a un ser querido, será una herramienta necesaria para no perder la esperanza de tener justicia y reparación." 
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exige que se apruebe la Ley de Desaparición inmediatamente y que cuente con presupuesto para operar. Ciudad de México, agosto 29, 2017.

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