Es
una de las tres normales indígenas del país y la única que, además de
ser indígena, es intercultural y bilingüe. Se encuentra en el municipio
de Zinacantán, en el estado de Chiapas. La historia que hoy vive esta
institución es insólita y, debería ser, escandalosa.
Como
en el caso de las normales rurales, ha subsistido estos años
neoliberales gracias al empuje y la conciencia de sus alumnos que,
generación tras generación, deben movilizarse para mantenerla abierta.
En semanas pasadas, los estudiantes demandaron que se realizara una
auditoría a la dirección anterior, a cargo de Manuel Bolón, luego de
evidencias de desvío de recursos; la asignación de una plantilla
completa de profesores, y la liberación de los recursos para la compra
de diésel para los autobuses que diariamente deben trasladar a los
estudiantes desde San Cristóbal de las Casas hasta el plantel. Se trata
de demandas legítimas que, lejos de violentar las leyes, se realizan en
el marco de lo dispuesto por la Constitución mexicana.
La respuesta de las autoridades fue el anuncio del cierre definitivo de la escuela y una campaña de desprestigio contra los alumnos. El cierre de la escuela fue “decretado” (así, como si tuviera facultad para hacerlo) por el presidente municipal de Zinacantán, el priísta Francisco de la Cruz Pérez. El berrinche del servidor público del tercer nivel de gobierno ocurrió luego de que los alumnos no se sometieran y rechazaran las migajas que recibían del estado y la Federación. Lo sorprendente es que el gobierno de Rutilio Escandón (hoy de Morena, antes del PRD, priísta de origen) secundara la determinación. El gobierno federal –en complicidad, más que por omisión– en los hechos ha avalado el “cierre definitivo” de la normal.
Para
el inicio del presente ciclo escolar, los estudiantes se encontraron
con que no había recursos para el diésel de los autobuses que deberían
salir de San Cristóbal de las Casas rumbo a Zinacantán. La escuela no
cuenta con internado (una de las demandas de las sucesivas generaciones
de la normal) y, por lo tanto, los estudiantes (provenientes de las
regiones indígenas de la entidad) deben pernoctar en algún lugar de San
Cristóbal. El autobús tiene que trasladarlos todos los días hasta la
escuela en un recorrido de 11.3 kilómetros. Los alumnos tuvieron que
llegar caminando al que sería su primer día de clases. Ni pensar en las
líneas de autobuses privadas, pues cobran 60 pesos el trayecto. Pagar
diario 120 pesos (ida y vuelta) es inalcanzable para estos estudiantes
indígenas.
Eso
fue apenas la primera sorpresa. No fue la peor. En lo que sería la
ceremonia del inicio de cursos se les presentó el nuevo cuerpo de
maestros: apenas seis profesores y dos directivos para una población de
357 alumnos y alumnas. Ni siquiera con la capacidad de cubrir todo el
mapa curricular. Además, entre la planilla de profesores que
posteriormente se integraría, figura el nombre del Manuel Bolón, el
exdirector cuya administración piden los estudiantes que sea auditada.
Y
para la burla, las autoridades les anunciaron que, por recorte de
presupuesto, no habría cupo para todos los de nuevo ingreso, ya ahí
presentes, aceptados formalmente por la institución, inscritos y quienes
incluso ya habían pagado los derechos de trámite de nuevo ingreso. Les
dijeron que en lugar de 90 sólo podrían ingresar 80: que 10 estaban
fuera y no habría marcha atrás.
En
ese mismo lugar los estudiantes tomaron la palabra, en pleno uso de los
derechos a las libertades de expresión. Reclamaron a las autoridades y
dijeron que se movilizarían; que no aceptaban esas condiciones, y que
iniciarían una jornada de protestas. Indignado, el presidente municipal
de Zinacantán declaró entonces el “cierre” de la normal.
Ahora
las autoridades federales y estatales no reciben a los estudiantes.
Simplemente dejaron de enviar presupuesto, maestros y autobuses. ¿Así
responde la llamada 4T
a las demandas de estudiantes indígenas? ¿No que becarios sí, sicarios
no? ¿Creen que pueden burlarse de estudiantes y borrarlos de un plumazo
precisamente porque son indígenas?
En
la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek estudian
indígenas de nueve de las 12 lenguas que se hablan en Chiapas. Las
licenciaturas que se imparten son en educación primaria y en educación
prescolar, ambas con la especialidad en educación indígena
intercultural.
Esta
escuela no sólo es necesaria en la entidad, las propias comunidades la
han hecho suya. Cada año recibe entre 400 y 500 solicitudes de nuevo
ingreso, aunque sólo acepta a 90. La demanda es la más alta de las
normales del estado, sólo por debajo de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá.
Ahora,
en plenas movilizaciones en demanda de diálogo, los estudiantes se
encuentran bajo represión directa por parte de las corporaciones
policiacas de los tres niveles de gobierno y bajo una campaña política y
mediática orquestada por las autoridades estatales y municipales.
Sólo
son estudiantes indígenas demandando un lugar digno para estudiar. Sólo
son muchachos y muchachas exigiendo rendición de cuentas y
transparencia en el ejercicio de los recursos a los que tienen derecho.
¿Tienen que entender que el cierre de su escuela es la “cuarta transformación”?
Videos de las indignantes golpizas contra alumnos y alumnas que les
propinan las fuerzas policiacas circulan en redes sociales. Rutilio
gobierna bajo las siglas de Morena. La actual clase gobernante no puede
deslindarse de esta represión.
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