San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 21 de noviembre de 2019.
Impactos de la Política Migratoria de México en la Frontera Sur
Nota de Prensa
Antecedentes.
A partir de octubre de 2018, emergen en Centroamérica nuevas estrategias
de desplazamiento forzado en forma de las llamadas “caravanas
centroamericanas” o “éxodos migrantes”, y la respuesta del Estado
mexicano supuso graves violaciones de derechos humanos. Como respuesta
organizada a esta situación, un conjunto de organizaciones sociales y de
derechos humanos ubicadas en este contexto conformaron el Colectivo de
Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano. Un
esfuerzo para documentar el contexto de migratorio regional, que implicó
una diversidad de retos por los cambios en los perfiles de las personas
en movilidad, aumento en los flujos de migración forzada en los tres
corredores de la frontera sur y el recrudecimiento de la respuesta
militar y de contención migratoria.
Hasta el mes de mayo, mes en que se realizó la MODH se identificaron
tres etapas de la actual crisis. La primeracorrespondió al tránsito de
las caravanas desde octubre de 2018, compuestas por una diversidad de
personas provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
Estos grupos se enfrentaron a respuestas gubernamentales represivas que
intentaron, sin éxito, contenerlos bajo la presión y amenazas del
gobierno estadounidense – que en estos meses ha apostado por acabar con
el sistema de asilo, restringir el acceso a personas centroamericanas y
presionar a los países de la región a recrudecer sus políticas de
control migratorio.
La segunda etapa dio comienzo en enero de 2019 con el surgimiento de un
nuevo grupo desde San Pedro Sula, Honduras; quienes se encontraron en
México con el nuevo accionar gubernamental de Andrés Manuel López
Obrador como presidente. La última etapa de esos meses se originó cuando
un grupo de personas, en su mayoría cubanas, realizaron una protesta en
Tapachula ante las demoras en los trámites del Instituto Nacional de
Migración. En medio de la acción se anunció el cierre de la oficina de
regularización. Desde ese momento, la crisis se recrudeció porque
cientos de personas, ya no solo del norte de Centroamérica, sino también
provenientes de Cuba, Haití y varios países de África y Asia quedaron
varadas en la ciudad.
La Misión de Observación.
Dado que la situación en la región fronteriza continúa deteriorándose,
el Colectivo de Monitoreo se propuso convocar a una Misión de
Observación del 29 al 31 de mayo de 2019, como estrategia complementaria
de visibilización de la situación y para generar oportunidades y
espacios de incidencia a nivel regional. En esta iniciativa, fue vital
el apoyo y participación de Alianza Américas, el Grupo Impulsor contra
la Detención Migratoria y la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Política
Migratoria (GTPM), la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y
Norteamérica (RJM-CANA) y la Red Nacional de Organismos Civiles de
Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
La Misión buscó documentar y visibilizar la crisis humanitaria en la
región, incidir para conseguir una respuesta integral a nivel local y
federal, y pensar mecanismos de respuesta desde un enfoque de acogida e
integración que permita el goce efectivo de derechos sin ninguna
discriminación. Participamos seis redes de sociedad civil convocantes;
12 organizaciones que hacían parte de estas redes; nueve organizaciones
invitadas de México, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos; seis
representantes de la academia; dos organizaciones internacionales
observadoras y seis medios de comunicación.
Las personas participantes cubrieron tres rutas. La Ruta de Terreno
recorrió las carreteras y espacios públicos en los municipios de Tecún
Umán, Guatemala y en México Suchiate, Tapachula, Huehuetán, Huixtla,
Escuintla, Acacoyagua y Mapastepec. La Ruta Detención monitoreo la
Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, las Estancias Provisionales
de Huehuetán, Huixtla, Echegaray, Comitán y San Cristóbal de las Casas, y
la Feria Mesoamericana. Finalmente, la Ruta Incidencia correspondió a
reuniones con entidades gubernamentales municipales, federales,
organismos públicos de derechos humanos, organismos internacionales y
personal diplomático y del congreso de Estados Unidos.
Principales hallazgos.
- Un sistema migratorio rápido y eficiente para la detención y deportación; pero lento, obsoleto, corrupto y burocrático para la asistencia y la atención a tramites de regularización.
- La incorporación acelerada de fuerzas armadas -Guardia Nacional- en operativos de control, sin ninguna formación en derechos humanos, y que ha sido discrecional, arbitraria y a simple vista se han convertido en el mando de los agentes del INM.
- El sistema de asilo en Tapachula se encontraba colapsado con más 14 mil solicitudes hasta el mes de mayo y una larga fila de espera. Para atenderla, se contrató personal con soporte financiero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
- Mayores riesgos de personas solicitantes de protección internacional que deben esperar y dormir en espacios públicos bajo la vigilancia de sus agentes persecutores.
- Ausencia de información, tiempos prolongados y discrecionales de espera en los tramites por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el INM.
- Crisis humanitaria por acción u omisión en los distintos niveles de gobierno para atender necesidades básicas de subsistencia.
- Presencia extrema de cuerpos de seguridad y testimonios de personas migrantes detenidas y golpeadas dentro de instalaciones de fuerzas de seguridad pública (Policía Federal).
- Disposiciones arbitrarias y que violan derechos, como la realización de trámites individuales que ocasionan la separación familiar, o los oficios de salida que obligan a las personas a salir por la frontera sur.
- Restricciones y estigmatización de la sociedad civil con mensajes disuasivos y criminalizantes.
- Denuncias de destrucción de documentos de identidad y de trámites de regularización o refugio por parte de elementos de GN e INM.
- Recrudecimiento de la crisis humanitaria ligada al racismo institucional por cuenta de prácticas de aislamiento y separación dentro de espacios de detención hacia población haitiana y africana, quienes también viven en condiciones de precariedad a las afueras de la Estación Siglo XXI. Muchas de ellas duermen bajo techos de lámina o plástico, e inclusive pagan por un espacio en el patio de las casas de personas locales que habitan cerca de la zona.
- Casos de separación familiar, tanto de personas adultas o niños, niñas y adolescentes detenidas y el resto de sus familiares en libertad. Uno de ellos fue el de una madre detenida forzada a dejar de lactar a su bebé de cinco meses, ya que fue liberado -junto con otros familiares- y ella permaneció en detención.
- Personas rechazadas por agentes del INM, pese a que solicitaron su retorno asistido.
- Persecución y acoso hacia personas de la comunidad LGBTTTIQ, específicamente mujeres trans dentro y fuera de los centros de detención migratoria.
- Se documentaron más de ocho puntos de control migratorio entre Ciudad Hidalgo y Pijijiapan que comprende cerca de 180 kilómetros.
- Hacinamiento en los centros de detención que han ocasionado crisis humanitarias por la insuficiencia de alimentos, ausencia de atención médica, castigos e incluso más barreras para solicitar refugio.
- Detención de personas con constancias de trámite de regularización, refugio e incluso reconocidas como refugiadas.
- Detención prolongada e indefinida, traslados sumarios y casos de tortura y otros tratos crueles degradantes e inhumanos contra población cubana por protestar.
- Presencia de niñas, niños y adolescentes en detención e incluso en módulos con personas adultas.
- Ausencia de atención médica, recetas médicas sin previa consulta ni información sobre los tratamientos, ni acceso a medicamentos. Esta situación fue reconocida por personal del INM.
- Casos de abortos espontáneos en detención migratoria, ligados a negligencia médica.
- Restricciones para la salida a espacios libres, incluyendo a NNA. También utilizada como medida de castigo ante protestas.
- Aislamiento y uso de celdas de castigo para hombres en la Estación Migratoria Siglo XXI
- Presencia de cerca de 1,600 personas extracontinentales originarias de Haití, África y Asia en la extensión de la estación migratoria Feria Mesoamericana.
- Uso de prácticas de perfilamiento racial en los operativos de detención arbitraria bajo el argumento de verificación de documentos de identidad y migratorios.
- Expansión de discursos xenófobos y discriminatorios bajo argumentos -sin pruebas- de mayor criminalidad, competencia laboral e incluso por apoyos y programas asistenciales gubernamentales.
- Alto riesgo de impunidad por delitos cometidos contra personas migrantes por cuenta de la inacción de las autoridades municipales.
- Si bien se han realizado algunas acciones de apoyo y asistencia a la población migrante, y existe cierta voluntad, se continúa con una visión de seguridad sin un enfoque de derechos humanos ni de ayuda humanitaria integral. En gran medida, las autoridades intentan salir del paso lo menos afectadas posibles.
El contexto posterior a la MODH
El Estado mexicano optó -desde antes del acuerdo con el gobierno de Estados Unidos- por criminalizar la migración y, en consecuencia, recrudecer la política migratoria, faltando a sus compromisos internacionales en materia de asilo para personas con necesidad de protección. Se transitó, de entregar en enero más de 12 mil tarjetas de visitantes por razones humanitarias, a fortalecer medidas coercitivas y militarizar las fronteras en junio. Desde el 7 de junio se instalaron cinco puntos de revisión —además de los existentes y aquellos intermitentes— entre Ciudad Hidalgo y Huixtla, para la detección y detención de migrantes, integrados por personal en ese entonces, del Ejército, la Marina, Policía Militar, Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración. Al que posteriormente se unieron 12,500 elementos de la GN en toda la frontera sur hasta el istmo de Tehuantepec, y el anuncio de la construcción de por lo menos tres cuarteles en Tonalá, Pichucalco y Palenque.
El Estado mexicano optó -desde antes del acuerdo con el gobierno de Estados Unidos- por criminalizar la migración y, en consecuencia, recrudecer la política migratoria, faltando a sus compromisos internacionales en materia de asilo para personas con necesidad de protección. Se transitó, de entregar en enero más de 12 mil tarjetas de visitantes por razones humanitarias, a fortalecer medidas coercitivas y militarizar las fronteras en junio. Desde el 7 de junio se instalaron cinco puntos de revisión —además de los existentes y aquellos intermitentes— entre Ciudad Hidalgo y Huixtla, para la detección y detención de migrantes, integrados por personal en ese entonces, del Ejército, la Marina, Policía Militar, Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración. Al que posteriormente se unieron 12,500 elementos de la GN en toda la frontera sur hasta el istmo de Tehuantepec, y el anuncio de la construcción de por lo menos tres cuarteles en Tonalá, Pichucalco y Palenque.
Así pues, la GN inició sus operaciones imitando la táctica estadounidense de separar familias que migran en búsqueda de condiciones de vida dignas. La militarización de las fronteras y la criminalización de la migración como medidas disuasivas tienen efectos predominantemente negativos, generan un clima de terror que obliga a las personas a tomar decisiones con mayores riesgos y desprotección al recurrir a la clandestinidad. Colocándoles en riesgo de graves afectaciones físicas como desnutrición, insolación y deshidratación, pero también expuestos a delitos como asaltos, extorsión, secuestro y homicidios, considerando los peligros específicos de violencia sexual sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes y miembros de la comunidad LGBTTTIQ, situación que perpetúa el cúmulo de violaciones a derechos humanos de que han sido víctimas.
Hasta septiembre de este año, se ha detenido a 158,200 personas, lo que representa un incremento de 60% sobre las detenciones del año 2018. Esta estrategia de contención ha tenido impactos graves en la vida y la dignidad de las personas migrantes que llegan a México. Por ejemplo, las personas extracontinentales han sido obligadas a permanecer en Tapachula en una situación de emergencia humanitaria insoportable, así como de discriminación sistemática por parte de las autoridades migratorias, mismas que se han visto reforzadas por el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, quien el pasado 21 de octubre declaró que “aunque vengan de Marte” los va a regresar a sus países de origen”. La situación de crisis es tal que se ha llegado a límites trágicos como la muerte de un hombre haitiano el 6 de agosto mientras permanecía desde hacia 20 días en detención y bajo régimen de aislamiento en su celda. Así como, la tragedia del 11 de octubre cuando una embarcación con personas en su mayoría de provenientes de países africanos naufragó en Tonalá, Chiapas. Las 8 personas sobrevivientes permanecieron 26 días detenidas en la Estancia Provisional Cupape 2 o la Mosca pese a ser victimas de un delito, y subsistir a una situación de trauma extremo.
Asimismo, como consecuencia directa de la criminalización de la migración, la acción de personas solidarias que brindan asistencia humanitaria y la labor de defensa de derechos humanos ha sido estigmatizada, volviéndola blanco de agresiones, principalmente del Estado, pero también se abre la puerta y se legitima la acción violenta de agentes particulares.
Exigencias al Estado mexicano.
- Cumplimiento y congruencia con su compromiso de implementar una política migratoria de respeto a los derechos humanos y no represión, al tiempo que no contribuya al fortalecimiento de los discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región.
- Garantizar una coordinación de los tres niveles de gobierno, que permita construir una respuesta integral, efectiva y garantista de derechos humanos, asegurando la participación real de las organizaciones de derechos humanos.
- Eliminar la detención migratoria como práctica generalizada de represión y control de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional.
- Asignar presupuesto económico desde el Poder Legislativo, garantizando recursos suficientes para la operatividad efectiva de las instituciones responsables de la atención y protección de las personas migrantes y refugiadas.
- Sostener una política pública permanente contra cualquier forma de discriminación, racismo y xenofobia.
- Garantizar la atención integral e inmediata en materia de salud a la población migrante y refugiada, priorizando a niñas, niños y mujeres embarazadas, más aún mientras se encuentren en centros de detención migratoria.
- Ofrecer información clara, completa y accesible sobre las formas y los trámites de acceso a la protección internacional y a la regularización migratoria, para evitar la incertidumbre y la desincentivación y erradicar la corrupción y los abusos.
- Garantizar el derecho a defender derechos humanos de quienes ofrecen ayuda humanitaria, apoyo y asesoría, sin obstaculizar ni criminalizar el trabajo de las personas, albergues y organizaciones defensoras de derechos humanos.
- Nos sumamos al llamado de organizaciones aliadas hacia el gobierno mexicano para que deje de colaborar con el gobierno del presidente Trump en la implementación de políticas inhumanas como el “Quédate en México” y para que asuma la responsabilidad al acceder a recibir personas que buscaban protección internacional en Estados Unidos.
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