El
desplazamiento forzado es una grave violación a los derechos humanos.
Se trata de uno de los dramas más terribles que le pueden pasar a una
persona, a una familia, a una comunidad, ya que pierden su proyecto de
vida, pierden parte de su historia, que van desde su vida cotidiana, sus
recuerdos y sus prácticas culturales, hasta sus bienes materiales e
inmateriales y sus herramientas de trabajo. En el caso de los pueblos
indígenas, los desplazados pierden su tierra, su terruño; se fractura su
cotidianidad, se apodera de ellos un dolor profundo que cruza el cuerpo
y se expresa en su andar, en una búsqueda de la vida en el vacío, al
ser obligados a huir para sobrevivir.
Actualmente,
existen en el mundo 70,8 millones de personas que huyeron de guerras,
persecuciones o conflictos, lo cual marca una crisis global en los 70
años de vida de la ONU, y es necesario recordar que estas cifras deben
considerarse como “conservadoras”.
La
cifra oficial duplica el número de personas desplazadas hace 20 años y
creció en 2.3 millones respecto al año pasado. Su tamaño es equivalente a
poblaciones de países enteros, como Tailandia, que en 2017 tenía 69.04
millones de habitantes.
En
México, el fenómeno del desplazamiento forzado se ha incrementado en
las últimas décadas, particularmente a raíz de la espiral de violencia
generalizada que vivimos por la complicidad y captura del Estado por el
crimen organizado, la continuidad de la contrainsurgencia y sus
remanentes de grupos articulados de corte paramilitar que controlan
territorios con intereses fácticos; violencia que en su camino ha dejado
cifras que oscilan entre 400 mil y 700 mil personas[1] desplazadas, la
mayoría de ellas invisibilizadas y discriminadas.
De
acuerdo con la ONU, los desplazados internos son “personas o grupos de
personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su
hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado
o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de
violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de
catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han
cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.[2]
En
Chiapas, la concepción del desplazamiento forzado es relativamente
reciente, a pesar de que, en términos generales e históricos, la
población ha estado en constante desplazamiento ocasionado por los
intereses económicos de poderes fácticos y políticas de gobierno en cada
época. Las comunidades indígenas han sido la población más afectada.
A
partir de 1994, se diseña e implementa una política contrainsurgente,
perpetrada por el Estado mexicano en el contexto del conflicto armado
interno, con el objetivo de desarticular la organización y acabar con la
resistencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con
la población civil organizada en la entidad.
Lo
anterior provocó un desplazamiento forzado masivo, nunca antes visto en
el país, ocasionado por la guerra contra el EZLN, amenazas y
hostigamiento por parte del Ejército mexicano y las invasiones a
territorios de pueblos originarios. Para principios de ese año, la
Coordinadora de Organismos No Gubernamentales por la Paz (Conpaz)
contabilizó 17 mil 139 desplazados sólo en los municipios de Comitán,
Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano. Para el mes de mayo, la cifra
aumentó a por lo menos 35 mil personas.[3]
El
desplazamiento forzado en Chiapas se intensificó desde el año 1996, y
por la escalada de violencia en el año de 1997,[4] con la creación de
grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad como la
Masacre de Acteal, donde el 22 de diciembre de 1997, en el campamento
Los Naranjos, Chenalhó, hoy sede de la Organización Sociedad Civil Las
Abejas de Acteal, fueron asesinadas 45 personas y cuatro no nacidos.
En
ese tiempo, en el campamento se encontraban 325 personas desplazadas
que huían de la violencia paramilitar en la región. Previo a la masacre,
entre mayo y diciembre de 1997, había más de 6,000 personas desplazadas
en los Altos[5], y paralelamente se agudizó el desplazamiento forzado
en la zona Norte del estado, en los municipios de Tila, Sabanilla,
Tumbala, Chilón, Salto de Agua, en la región Chol, de expansión del
EZLN, en donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
(Frayba) pudo documentar una cifra superior a las 12,000 personas
desplazadas forzadamente como consecuencia de la violencia generalizada,
bajo la implementación del Plan Chiapas 94, estrategia contrainsurgente
que dio paso a la ocupación militar en la zona de influencia zapatista y
creo los grupos paramilitares en la región. Actualmente, persiste la
ocupación militar, ahora reforzada con la presencia de la Guardia
Nacional, y se mantiene y tolera a grupo armados de corte paramilitar.
La
violencia de los grupos paramilitares tuvo como consecuencia crímenes
de lesa humanidad como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas, desplazamiento forzado, tortura, amenazas de muerte,
intimidación, destrucción de propiedades y privaciones arbitrarias de la
libertad, entre otras graves violaciones a derechos humanos. El Estado
mexicano reproduce la lógica de guerra y represión y con ella el
desplazamiento forzado como forma de control de población y de
territorios para “impedir el ejercicio del derecho a la autonomía, así
como de sus libertades fundamentales en las comunidades indígenas”.[6]
Hoy
en día, el desplazamiento forzado, como estrategia contrainsurgente,
continúa con la utilización de grupos que aprendieron las tácticas de
guerra e implementación del terror paramilitar. Actualmente son los
sucesores de paramilitarismos, sustentados por las mafias de la región,
los poderes fácticos que reaccionan a los intereses locales y sus
vínculos con los gobiernos municipal, estatal y federal, provocando un
pacto de impunidad.
“La
consecuencia de la impunidad se ha profundizado y generado más
violencia, porque los gobiernos en turno siguen las mismas estrategias
políticas contrainsurgentes que sus antecesores. El Estado mexicano no
ha tenido la mínima voluntad política de asegurar la no repetición de
hechos como el de la Masacre de Acteal, y no podemos vivir en paz y
libres mientras los autores materiales e intelectuales sigan libres”.[7]
Población vulnerable por el desplazamiento forzado
La
vulnerabilidad y la pobreza estructural en el territorio de Chiapas
agrava las condiciones de las personas víctimas de desplazamiento
forzado. Un ejemplo evidente es lo que sucede en el municipio de
Chalchihuitán, tercer municipio más pobre de Chiapas y el quinto de la
república, con 79.8 de cada 100 personas en situación de pobreza
extrema.[8] En Chalchihuitán, la tasa de mortalidad infantil es de 166
por cada mil habitantes, trece veces más que a nivel estatal. La tasa de
muerte de menores de 5 años es de 15.7 por 1,000 nacidos vivos
estimados. Ocupa el 7º lugar a nivel estatal en incidencia de
tuberculosis pulmonar y el tercero en mortalidad por esta causa.[9]
En
este municipio, el abandono institucional y la pobreza estructural son
históricos y se han profundizado con el desplazamiento forzado, que pone
en mayor vulnerabilidad a mujeres, niñas y niños. Ante esta emergencia,
el Estado mexicano ha sido omiso al no cumplir con su obligación de
proteger, garantizar y respetar los derechos de la población desplazada,
dejando escalar la crisis humanitaria.
De
los hechos mencionados, contamos con la documentación de que los
primeros desplazamientos ocurrieron a partir de la ejecución
extrajudicial de Samuel Luna Girón, provocada por el ataque de un grupo
civil armado a las comunidades ubicadas en la colindancia
Chalchihuitán-Chenalhó, el 18 de octubre de 2017. Según escalaba la
violencia, el número de personas desplazadas aumentaba, hasta llegar, el
25 de noviembre del mismo año, a la cifra de 5,023 personas, que
representan el 34 % de la población total del municipio de
Chalchihuitán, lo cual significa que, en promedio, uno de cada tres
habitantes tuvo que huir de su hogar. Entre las personas desplazadas se
encuentran niñas, niños, mujeres embarazadas, ancianas y ancianos,
quienes requerían de ayuda médica de urgencia y atención especializada.
Incluso hubo nacimientos en las montañas y 11 muertes entre las víctimas
del desplazamiento forzado.[10]
El
2 de enero de 2018, 3,858 personas de las comunidades de Pom, Ch’enmut,
Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruztón, Bejeltón y Bololchojon retornaron a
sus hogares sin condiciones ni garantías de seguridad, puesto que los
disparos de los grupos paramilitares continuaban.[11] El retorno se
realizó bajo presiones de funcionarios del gobierno, especialmente del
presidente municipal de Chalchihuitán, funcionarios de Protección Civil y
demás agentes del gobierno municipal; esto después de una reunión con
el entonces Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda.[12]
Debido
a la gravedad de la situación y los riesgos inminentes, y por la falta
de garantías y seguridad de 10 comunidades en desplazamiento forzado de
Chalchihuitán, el Frayba solicitó a la CIDH medidas cautelares que
fueron otorgadas el 24 de febrero de 2018 (Resolución 15/2018). Sin
embargo, el Estado mexicano, pese a las exigencias de las organizaciones
de la sociedad civil y de integrantes de las comunidades afectadas, ha
ignorado la situación de violencia en la región: no ha desarticulado ni
desarmado a los grupos civiles de corte paramilitar ni ha realizado las
investigaciones de los crímenes cometidos.
A
más de dos años del desplazamiento forzado masivo de comunidades
integrantes del pueblo tsotsil de Chalchihuitán, la situación es grave
con un continuum de violaciones a derechos humanos que genera
condiciones de alta vulnerabilidad. [13]
Un
total de 277 familias, que estaban en 10 campamentos en Chalchihuitán o
en lugares de refugio y viviendas prestadas o rentadas, careciendo de
servicios básicos como luz y agua, permanecen en condición de
desplazamiento forzado. Del total de los desplazados, 1,238 personas
pertenecen en su mayoría a parcelas y casas que se ubican cerca de las
colindancias donde aún se escuchan disparos.
La crisis humanitaria por desplazamiento forzado se extiende en la región
A
consecuencia de la tolerancia y permisividad con la que operan los
grupos armados de corte paramilitar en Chenalhó, que provocaron el
desplazamiento forzado masivo de comunidades del municipio de
Chalchihuitán, a partir del 27 de febrero de 2018 la crisis humanitaria
se extendió a toda la región. Grupos armados, provenientes de la
comunidad Santa Martha, ejido Manuel Utrilla, Chenalhó, iniciaron un
ataque en contra de las comunidades de Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej
Potop, Xuchem y Puente, del municipio de Aldama, que se encuentran en
las cercanías del río que marca la colindancia entre ambos municipios.
Este
grupo armado de corte paramilitar actúa bajo la complicidad de los tres
niveles de gobierno, provocando un desplazamiento actual que oscila
entre 1,500 y 2,036 personas, que se ven obligadas a huir a la montaña, a
lugares de refugio y a casas de familiares, dependiendo de la
intensidad de las agresiones hacia las comunidades.
De
acuerdo con testimonios, el grupo armado de Santa Martha se coordina en
sus acciones con el que atacó a los pobladores del municipio de
Chalchihuitán; están vinculados con la expresidenta municipal de
Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y ahora relacionados con el actual
presidente del mismo ayuntamiento, Abraham Cruz Gómez.
Otros
desplazamientos forzados se han dado en la zona Norte de Chiapas, donde
se desplazaron 125 personas de la comunidad tseltal Carmen San José, en
Chilón. El mismo grupo civil armado procedente de Pechton Icotsilh’
desplazó a 65 personas de la comunidad San Antonio Patbaxil y mantiene
en sitio a tres comunidades más: Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa
Rosa, en el municipio de Chilón; y Santa Cruz, en el municipio de
Sitalá.
La
violencia en la región escaló desde el 3 de junio de 2018, cuando un
grupo civil armado privó arbitrariamente de la vida al joven Marín Luis
Gómez Guzmán, en la comunidad de Carmen San José. El 4 de junio, los
agresores regresaron a la comunidad y dispararon al aire causando terror
en la población. Posteriormente hostigaron, amenazaron, intimidaron y
extorsionaron a quienes habitan en el lugar. Además, realizaron robos y
secuestros, controlando el territorio mediante el terror.
El
6 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 06:00 horas, un grupo
civil armado de alrededor de 20 personas procedentes de la comunidad de
Pechton Icotsilh’ atacó con armas de fuego a la población de San Antonio
Patbaxil. El mismo grupo agresor desplazó a la población de la
comunidad Carmen San José, entre el 20 y 25 de junio de 2018. Son en
total 40 familias, 190 personas aproximadamente, entre niños, niñas,
mujeres, ancianos y hombres que se encuentran en comunidades vecinas, en
la cabecera municipal y en su mayoría sin alimentos ni abrigo, cercadas
por el grupo civil armado que impide su retorno con seguridad.
El
25 de junio de 2019, a las 12:00 horas aproximadamente, grupos civiles
armados provenientes de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de
Pueblo Nuevo Solistahuacán, atacaron con armas de alto poder y
desplazaron forzadamente a la comunidad de San Pedro Hidalgo,
posteriormente también desplazaron a la comunidad San Pedro La Grandeza,
ambas pertenecientes al pueblo maya tsotsil, del ejido Jotolch’en, en
el municipio de San Andrés Duraznal. Según testimonios documentados, el
grupo civil armado portaba chalecos antibalas y uniformes parecidos a
los que utilizan los militares. El ataque duró aproximadamente una hora y
media: “llegaron dispuestos a matar, hubo un primer rafagueo, pasaron a
toda velocidad en vehículos y luego regresaron caminando a continuar el
ataque”. El ataque dejó un saldo de personas heridas y algunas muertas.
Esa misma noche, 132 personas de San Pedro Hidalgo y San Pedro La
Grandeza se desplazaron forzadamente de sus comunidades.
Por
otra parte, 125 integrantes de Las Abejas de Acteal fueron desplazados
de manera forzada el 10 de agosto de 2019 del barrio Río Jordán de la
comunidad de Los Chorros, Chenalhó, por autoridades comunitarias. Cabe
señalar que este territorio ha sido históricamente cuna de los
paramilitares en la zona Altos.
En
la comunidad de Banabil, municipio de Tenejapa, un grupo armado
vinculado a las autoridades comunitarias y municipales desplazó
forzadamente a 24 personas desde el 4 de diciembre de 2011.
Derivado
de la masacre en la comunidad Viejo Velasco, en el municipio de
Ocosingo, perpetrada el 13 de noviembre de 2006 por el grupo de corte
paramilitar OPDIC, 30 pobladores se vieron obligados a desplazarse
forzadamente.
Es
evidente que las acciones armadas en los municipios de Tenejapa,
Ocosingo, Chilón, San Andrés Duraznal, Chalchihuitán, Aldama y Chenalhó
se deben a la complicidad de los gobiernos en sus diversos ámbitos de
competencia, que va desde el involucramiento directo hasta la omisión y
la permisividad. Aunado a ello, los gobiernos no han desarrollado la
capacidad de investigar e investigarse a sí mismos en cada una de las
situaciones criminales, lo que provoca una ausencia de gobernabilidad
que se convierte en tierra fértil para perpetuar los desplazamientos
forzados, tal y como sucedió en los años 90, en el marco del Conflicto
Armado Interno (CAI) en Chiapas, donde actualmente han surgido nuevos
actores a los que podríamos considerar sucesores de la violencia
paramilitar, con el gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas, que
actúa como espectador y cómplice, mientras el gobierno municipal de
Chenalhó ha sido señalado como el que financia y organiza estas acciones
del grupo armado de corte paramilitar. Lo que queda claro es que los
gobiernos tienen la responsabilidad directa de garantizar y proteger el
derecho a la vida, a la seguridad e integridad de las personas que hoy
están sufriendo graves violaciones a los derechos humanos.
Eterno desplazamiento
Al
no cumplir adecuadamente con las medidas cautelares, el Estado mexicano
es responsable de los nuevos desplazamientos forzados -provocados por
riesgo para la vida, la seguridad y la integridad- y de una nueva crisis
humanitaria, como sostienen las recomendaciones de Victoria
Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas[14], y Cecilia Jiménez-Damary,
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de
los Desplazados Internos.
Después
del otorgamiento de medidas cautelares por las diversas instancias del
gobierno mexicano, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y la misma Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, y luego de reuniones tras reuniones con
autoridades gubernamentales, la población desplazada sigue ahí,
sobreviviendo con sus propias alternativas y algunas familias recibiendo
las migajas de los gobiernos federal y estatal. Esta ayuda humanitaria
depende de la “voluntad política” de las autoridades, sin un programa de
atención integral y culturalmente adecuado. La población desplazada ha
insistido en que se instaure una política integral de atención y pronto
retorno, que vaya directamente a la raíz de los conflictos, y que se
aplique la Ley Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento
Interno en Chiapas.
Por
otra parte, las fiscalías General de la República y la General del
Estado no avanzan en las carpetas de investigación respecto a las
averiguaciones sobre la actuación de los grupos de corte paramilitar
responsables de los ataques: su financiamiento y formación, así como su
vínculo con autoridades involucradas.
Tendencias, impactos de la violencia e impunidad
En
Chiapas persisten casos de familias y comunidades que no han podido
retornar desde hace incluso más de una década: en la zona Norte, que
comprende los municipios de Tumbalá, Sabanilla, Tila, Salto de Agua y
Palenque, desplazadas de 1995 al 2000. En casos como el de Aldama, la
impunidad permite que se mantengan las graves violaciones a derechos
humanos y que los agresores controlen territorios mientras escala el
nivel de violencia. Desde el Frayba hemos documentado el desplazamiento
relacionado con la violencia generalizada y con hechos vinculados al
conflicto armado no resuelto, lo cual nos arroja un dato aproximado de
9,950 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas del 2006 a
la fecha. En estos años, cada gobierno que pasa invisibiliza esta
situación, misma que por el panorama que viene se vislumbra critica, ya
que continúa la amenaza de desplazamientos forzados por megaproyectos,
como supercarreteras, mineras, hidroeléctricas y plantaciones que
despojarían a pueblos originarios, violentando sus derechos a la
autonomía, el territorio y la libre determinación.[15]
La
omisión del gobierno en atender de manera integral el desplazamiento y
sus causas vulnera un conjunto de derechos humanos, como el derecho a la
vida, a la integridad y a la seguridad personal; el derecho a la
dignidad, a la verdad, a la justicia; el derecho a la libre circulación,
a la convivencia y a la paz. Al mismo tiempo, se violan derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, como acceso al agua, el
derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo; el
derecho a un ambiente sano, así como derechos específicos, como el de
las mujeres a acceder a una vida libre de violencia.
Es
preciso señalar que los grupos de población más vulnerables por el
desplazamiento forzado son las niñas y los niños, las mujeres
embarazadas y con hijos pequeños, así como los hombres y mujeres mayores
de edad. Ellos son quienes más sufren este entorno de violencia, que
tiene impactos psicosociales tan profundos que han llevado a personas al
suicidio.
A
todo esto se suma la criminalización de quienes defienden sus derechos,
de quienes defienden a su pueblo, tal y como sucedió el 14 de marzo de
2020 con el señor Cristóbal Santiz Jiménez, defensor de derechos humanos
del municipio de Aldama, a quien el gobierno de Rutilio Escandón
Cadenas mantiene privado arbitrariamente de su libertad y quien, en
consecuencia, es un preso político a quien el estado reprime bajo
intereses mezquinos dirigidos a maniatar a las autoridades comunitarias
de Aldama.
Es
por todo lo anterior que desde el Frayba denunciamos la tolerancia y la
complicidad de funcionarios estatales y federales ante la presencia de
grupos armados que controlan el territorio del estado. Los gobiernos
estatal y federal son responsables de graves violaciones a derechos
humanos en un contexto de violencia generalizada, en una zona de
histórica impunidad y de protección estatal a grupos paramilitares y de
corte paramilitar que, en su accionar, determinan desplazamientos
forzados internos.
Ante este contexto de crisis de derechos humanos, vemos las siguientes tendencias:
Desamparo
y continuidad de la situación crítica de las personas desplazadas de
comunidades indígenas y campesinas por la violencia generalizada
derivada de la actuación de grupos civiles armados de corte paramilitar
en el estado de Chiapas.
Aumento
e invisibilización de las violaciones de los derechos humanos de los
pueblos y mujeres indígenas y campesinas, incluyendo los relacionados
con la tierra, el territorio, el medio ambiente, el agua y la salud.
Impulso
de la política extractiva y despojo a los territorios de los pueblos
originarios con énfasis en la extracción minera, explotación forestal,
manejo de aguas, proyectos de infraestructura o explotación turística,
construcción de represas, que implicará inevitablemente nuevos
desplazamientos forzosos.
Impactos de la violencia política
Se
configura una violencia estructural: las comunidades históricamente han
estado en el abandono, con los peores índices de desarrollo humano,
donde la pobreza, la marginación y la exclusión son las constantes,
aunadas a la negación de sus formas de organización, desarrollo y
autonomía; además de una violencia subjetiva, una violencia sistémica,
socioeconómica, simbólica y cultural, marcada por la discriminación que
deteriora lo lazos comunitarios.
En
el contexto del desplazamiento forzado, sus causas y consecuencias; las
condiciones en que se encuentran las poblaciones afectadas, así como
sus efectos físicos, psicológicos y comunitarios, los daños
irreversibles derivados de este acontecimiento traumático son
equiparables a la tortura y tratos o penas inhumanos o degradantes, pues
se generan entornos torturantes, angustia y desesperación al
prolongarse las violaciones a derechos humanos sin tener certeza de una
salida al problema. Así también, se configura una violencia objetiva,
que viene desde la coyuntura actual con los poderes reales en los
territorios específicos, a través de los poderes que se expresan con las
acciones armadas.
La impunidad en los casos de desplazamiento forzado
Entendemos
la impunidad, en términos generales, como ausencia, vacío, omisión,
irresponsabilidad, incumplimiento generalizado de las leyes de un estado
de derecho. También como la ausencia de responsabilidad penal, civil o
administrativa y la falta de una debida reparación del daño a las
víctimas.
La
procuración de justicia en Chiapas está en el lugar 30; la fiscalía ha
sido calificada como una de las peores del país, debido que el sistema
judicial está superado por la corrupción y la resistencia a cambios que
permitan mejorarlo, lo que da como resultado una institución colapsada,
caracterizada por el nulo o crítico funcionamiento del sistema judicial,
el fallo continuo en las investigaciones básicas y la obsoleta
investigación científica, a lo que hay que sumar que no existe en los
hechos la real independencia e imparcialidad de los procedimientos
judiciales.
En
este contexto, podemos sostener que el sistema de justicia represena la
expropiación de lo público en beneficio de los poderes fácticos, lo que
genera una impunidad que sigue produciendo violaciones múltiples a los
derechos humanos. La posibilidad de revertir esta situación requiere de
un cambio de actuación del sistema judicial fortaleciendo sus acciones
de investigación científica con peritos independientes.
En el caso del desplazamiento forzado, es necesario conocer e investigar lo siguiente:
1.- La estructura de poder y sus actores
2.- Las redes de bienes y recursos que se intercambian
3.- El tipo de complicidad que existe en los territorios
4.- Que la investigación sea imparcial, independiente, autónoma y eficaz.
Es
urgente desactivar las violencias, realizar todo aquello que implique
desactivar la violencia con justicia y verdad y con medidas de
reparación, para así propiciar los acuerdos comunitarios y de paz. Esto
implicará romper los pactos de impunidad y confrontar los actos de poder
para desmontar las complicidades de los multinegocios criminales. De
esta manera se reestablecerán los lazos de convivencia comunitaria que
permitan a los pueblos encaminar sus horizontes de vida y paz.
Pedro Faro
Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Jovel, Chiapas, México
29 de marzo de 2020
[1]
Cifras no oficiales, calculadas por organizaciones que monitorean el
desplazamiento forzado en el ámbito nacional, debido a que el gobierno
de mexicano no tiene un registro de la situación de desplazamiento
forzado en el país.
[2] Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, 11 de febrero de 1998. ONU.
[3]Frayba.
Desplazados por el conflicto armado interno en Chiapas. Informe para el
Relator Especial de la ONU. Chiapas, México. 12 de junio de 2003.
Disponible en:
https://Frayba.org.mx/historico/archivo/informes/030612_desplazados_por_el_conflicto_armado_frayba.pdf
[4]Frayba.
El Camino a la Masacre, Chiapas, México, 1997. Disponible en: https://
frayba.org.mx/wp-content/uploads/1997/12/971230_camino_a_la_masacre_frayba.pdf;
Belinghausen, Hermann. Reportaje, A diez años de Acteal. La Jornada.
México. 2007. disponible en:
http://acteal.blogspot.com/2007/11/el-origen-mltiples-episodios-de-un-plan.
html
[5]Sociedad
Civil Las Abejas de Acteal. Micrositio: Desplazamiento Forzado y
Resistencia de Las Abejas. Entre la contrainsurgencia y la impunidad. A
25 años de la organización y 20 de la Masacre. Chiapas, México.
Disponible en: http://www.acteal.org/micrositio/
[6]V.A.A.
Informe sobre la situación de los Pueblos Indígenas en Chiapas. Visita a
México de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas Victoria Tauli-Corpuz. Chiapas,
México. Noviembre de 2017. Disponible en:
https://frayba.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/171121_Informe-Chiapas_Relatora-de-Pueblos-Indigenas.vf_.pdf
[7]Vásquez
Luna, Guadalupe. sobreviviente de la Masacre de Acteal, ante Victoria
Lucia Tauli Corpuz, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Los responsables de la masacre de Acteal son funcionarios del
gobierno de alto nivel como el mismo Presidente de la República.
Chiapas, México. 14 de noviembre de 2017. Disponible en:
http://acteal.blogspot.com/search?q=Las+Abejas+de+Acteal%3A+El+conflicto+entre+
Chalchihuit%C3%A1n+y+Chenalh%C3%B3+%E2%80%9Ces+responsabilidad+del+gobierno%E2%80%9D
[8]
Coneval 2012 y Sedesol, informe anual de rezago social y agrario,
Chiapas, 2015. Cifras que aumentaron para el 2016. En México, las
personas que viven en pobreza, según cifras oficiales, son 53.3
millones, lo que representa el 43.6 %. Mientras que 9.4 millones de
personas viven en pobreza extrema, lo cual representa el 7.6 %. Coneval
2016. Disponible en:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza _2016.aspx
[9]Informe
“Situación estatal y municipal de los avances en los indicadores ODM
para Chiapas”, 2014. Disponible en:
http://www.monitor-odm.chiapas.gob.mx/odm2/wp-content/uploads/downloads/DGEI_SITUACION_ODM_2013_27-enero-2014.pdf
[10]Al
17 de diciembre de 2017, se constataron 11 muertes. Enseguida se
presentan según probable causa, edad y fecha del deceso. Por neumonía:
Maura Pérez Luna, 1 año 6 meses, falleció 5 diciembre, localidad Pom;
Mariano Pérez Aguilar, adulto mayor, falleció 12 diciembre; María
Domínguez Gómez, 57 años, falleció 13 diciembre, localidad Pom. Por
hipotermia: Domingo Girón Luna, 70 años, falleció 9 diciembre,
localidad, Pom; Martín Girón Rodríguez, 80 años, localidad Canan Lumtic;
1 Muerte fetal, hija(o) de Catarina Sánchez Pérez, 15 de noviembre,
localidad Tzomolton. Por diabetes descompensada: Marcelino Gómez López,
adulto, padecía diabetes, presentó complicación, no pudo ser trasladado a
San Cristóbal de Las Casa por bloqueo en carretera. Por arma de fuego:
Samuel Luna Girón, adulto, falleció 18 de octubre. Por Intoxicación por
herbicida: Raymundo Luna Pérez, 17 años, falleció el 17 diciembre,
localidad Chen Mut. Por Causa desconocida: Adriana de Jesús Pérez Pérez,
2 meses, falleció 30 noviembre, localidad Pom; Recién nacida Ernestina
Sánchez Pérez de Canan Lumtic. Documentación en Archivo Frayba.
[11]
Soberanes, Rodrigo. Violencia sigue asfixiando a desplazados que
retornaron en Chiapas. Chiapas, México. 29 de enero de 2018. Disponible
en: http://www.animalpolitico.com
/2018/01/chiapas-violencia-retorno-desplazados/
[12]Frayba.
Acción Urgente. En riesgo la vida de familias desplazadas-retornadas en
Chalchihuitán. 4 de enero de 2018. Disponible en:
https://frayba.org.mx/accion-urgente-en-riesgo-la-vida-y-la-integridad-de-centenares-familias-desplazadas-retornadas-en-chalchihuitan/
[13]Archivo
Frayba. Resultados del registro documental sobre desplazadas y
desplazados del municipio de Chalchihuitán, Chiapas levantado entre el
10 y 18 de mayo de 2018 por representantes del Comité de desplazados
Chalchihuite.
[14]Victoria
Tauli-Corpuz, Situación de los derechos de los pueblos indígenas en
México. 28 de junio de 2018. Disponible en:
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/noti/ noticias
/241-report-unsr-mexico
[15]Ibídem
Publicado originalmente en: RompevientoTV
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