- Omisiones de autoridades de gobierno incrementan el riesgo a población vulnerable en contexto de COVID 19.
El
Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, otorgó el 28
de marzo del presente año, el amparo 340/2020 para proteger la vida,
integridad y seguridad de comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en
desplazamiento forzado, del municipio de Aldama, Chiapas, México.
El
27 de marzo de 2020, representantes de las comunidades del Pueblo Maya
Tsotsil, en desplazamiento forzado, de Aldama, interpusieron solicitud
de amparo y protección de la justicia federal para la: “suspensión
definitiva de la violencia de grupos civiles armados de corte
paramilitar quienes actúan con la aquiescencia y tolerancia de
funcionarios del Estado”. Sin embargo hasta la fecha las autoridades responsables1 continúan la omisión en el cumplimiento de la resolución.
Por
lo anterior, la violencia en la franja limítrofe con Chenalhó se
intensificó en un contexto de alto riesgo para población vulnerable en
medio de la emergencia sanitaria por COVID 19, las autoridades señaladas
han sido omisas en el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada
por un Juez Federal, por lo que se promovió un incidente por defecto en
el cumplimiento de la suspensión consistente en que: “se […]brinde la
protección y seguridad que requieren los quejosos […] medidas necesarias
que garanticen la vida, seguridad e integridad personal de la población
del municipio de Aldama, quienes se encuentran sufriendo situaciones de
violencia generalizada y de violaciones a los derechos humanos,
derivado del conflicto armado a fin de garantizar la paz pública.”
Desde
el pasado 24 de marzo, al día de hoy, el Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró al menos 47 actos de
agresión armada. Durante la última semana los ataques aumentaron y se
realizaron de manera sistemática. Reportes de la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama
informan que los grupos armados de corte paramilitar procedentes de
Chenalhó, utilizan las trincheras de Tok’oy, Pajaltoj, Oxch’om, Slumka,
Tojtik, de la comunidad de Saclum, que se encuentran en territorio del
municipio de Chenalhó para realizar disparos dirigidos hacia las casas
de Xuxch’en, San Pedro kotsilnab, Koko’ y Tabak, en Aldama. El día de ayer, la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama reportó
nuevos ataques armados, que iniciaron durante la madrugada, hacia las
comunidades de Ye’ton, Koko’, Tabak, Chivit, Xuxch’en y San Pedro
kotsilnab. De acuerdo a testimonios hombres armados vestidos de negro
están realizando disparos desde las trincheras de Tok’oy y de Pajaltoj,
así como de Vale’tik, pertenecientes a Santa Marta, Chenalhó.
La
entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria en México, pone en
evidencia que las comunidades de Pueblos Originarios son altamente
vulnerables, ya que su vida se encuentra en constante riesgo, ya sea por
un ataque de armas de fuego o por contraer COVID 19 y no contar con
garantías de atención médica adecuada.
Las
Directrices Esenciales de las Naciones Unidas para Incorporar la
Perspectiva de Derechos humanos en la Atención a la Pandemia por COVID
19, establecen la necesidad de proteger a la población más vulnerable
como son las comunidades en desplazamiento forzado: “Los
Estados deben aplicar medidas adicionales con el fin de abordar la
repercusión desproporcionada que el COVID 19 puede tener sobre las
minorías, a causa de las zonas remotas donde viven, en las que hay un
acceso limitado a bienes y servicios esenciales”2.
Desde
el inicio de las agresiones armadas en marzo de 2018, el Frayba realizó
intervenciones a 30 autoridades de dos periodos de los gobiernos en los
ámbitos federal y estatal, sin embargo se mantiene la impunidad en
graves violaciones a derechos humanos como son: La Privación Arbitraria
de la Vida, el Desplazamiento Forzado y la Privación Arbitraria de la
Libertad al defensor comunitario Cristóbal Sántiz Jiménez3.
Por
lo anterior urgimos a las autoridades responsables de los gobiernos de
Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas que cumplan
con el mandato judicial del Tercer Juzgado de Distrito que otorgó el
amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de las
comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, de
Aldama. Entre las exigencias se encuentran:
Garantías
de seguridad para proteger la vida de la población del Pueblo Maya
Tsotsil del municipio de Aldama, en riesgo por hechos de agresiones
armada que se intensificaron desde el 24 de marzo de 2020.
Cumplimiento
de las Recomendación número 71/2019, emitida el 23 de septiembre de
2019, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos4.
Investigación
de las agresiones armadas, desde marzo del 2018, perpetradas por grupos
civiles armados de corte paramilitar procedentes de Santa Martha,
municipio de Chenalhó, que provocaron el desplazamiento forzado de las
comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama.
Atención
humanitaria, vivienda, salud, alimentación adecuada y digna para las
personas víctimas de desplazamiento forzado del Pueblo Maya Tsotsil de
Aldama, Chiapas, en mayor vulnerabilidad durante la pandemia por COVID
19.
-*-
San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México
28 de abril de 2020
Boletín No. 9
1 Autoridades
responsables ordenadoras: Lic. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador
Constitucional del Estado de Chiapas; Dr. José Manuel Cruz Castellanos,
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud; Prof.
Emilio Ramón Ramírez Guzmán, Secretario para el Desarrollo Sustentable
de los Pueblos Indígenas; Dr.
Luis Manuel García Moreno, Secretaría de Protección Civil; Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas;Fiscalía General del Estado; Fiscalía
de Justicia Indígena; Consejo Estatal de Atención Integral al
Desplazamiento Interno en Chiapas; Secretaría General de Gobierno de
Chiapas. Autoridades responsables ejecutoras: Mtro. César Amín Aguilar
Tejada, Consejero Jurídico del Gobernador; Registro Nacional de
Víctimas, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas; Secretaría de Protección
Civil del Estado de Chiapas; Dirección de la Policía
Estatal Preventiva; Mtra. Emma Itzel Orantes Ortega, Directora General
del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación
Ciudadana.
2 Organización
de las Naciones Unidas. Directrices relativas a la COVID-19. Disponible
en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
3
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Acción Urgente
por la libertad del defensor Cristóbal Sántiz Jiménez. 27 de marzo de
2020. Disponible en:
https://frayba.org.mx/notifrayba-libertad-para-cristobal/
4 Comisión
Nacional de Derechos Humanos. Recomendación número 71/2019, emitido el
23 de septiembre de 2019. Ciudad de México. Disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-09/REC_2019_071.pdf
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