debaten iniciativa que reformaría la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en un contexto de mayor vulnerabilidad para estos sectores debido a la pandemia
El 20 de mayo, fue presentada ante la Comisión Permanente por los diputados de Morena una controvertida iniciativa que propone extinguir 44 fideicomisos, relacionados con apoyos a la industria cinematográfica mexicana, al agro, a ciencia y tecnología, al deporte nacional, a los contratistas y proveedores del sector energético entre otros. Propone modificar 14 ordenamientos legales, entre ellos la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Ante ello, exintegrantes de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para ambos sectores alertaron sobre el hecho que “pretende desaparecer todas aquellas medidas y candados que permiten que el manejo de recursos a través del fideicomiso sean transparentes, con la supervisión de un órgano colegiado y con la participación activa de un representante de la sociedad civil o de la academia”. “El Mecanismo de protección (…) debe ser fortalecido no debilitado”, declararon. “Las medidas legislativas para modificar el marco normativo que regula al Mecanismo no son necesarias, lo que es urgente es la generación de una política pública integral de protección que coordine al andamiaje estatal ordinario, hasta hoy omiso, que debería garantizar que periodistas y defensores cumplan en seguridad su trabajo cotidiano”, recalcaron. “Si bien la operación del Mecanismo ha tenido grandes vicisitudes, el fideicomiso ha garantizado que se proteja la vida de cientos de personas defensoras y periodistas en los últimos 7 años”, recordaron finalmente.
Poco antes, activistas, organizaciones y redes denunciaron justamente que “en el contexto actual de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 se ha agravado la situación de riesgo que viven personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, sin que exista una respuesta adecuada por parte de las autoridades”. El Espacio OSC señaló que “desde el 15 de marzo, fecha en que se decretó la emergencia sanitaria, según cifras oficiales del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas (…) se han identificado al menos 44 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y el asesinato de dos periodistas y cuatro personas defensoras de derechos humanos, siendo el estado de Guerrero el que presenta el mayor incremento de situaciones de riesgo en contra de periodistas”.
Poniendo en contexto estas cifras, indicó que “de acuerdo con el informe anual del Mecanismo, en 2019 se registró un total de 295 agresiones, en promedio 24.5 agresiones por mes, lo cual implica que en el contexto de crisis sanitaria las agresiones se han duplicado”.
Las OSC expresaron su preocupación sobre el hecho que “el Titular del Ejecutivo siga utilizando un discurso que desacredita el papel de los medios y la labor periodística. Estas declaraciones contribuyen a crear un ambiente hostil en contra de las personas que ejercen el periodismo y de los medios de comunicación, y en esa medida pueden debilitar la libertad de expresión”. Notaron que en varios estados la imposición de medidas que restringen y obstaculizan la libertad de tránsito y de asociación, como los toques de queda, “tienen un impacto negativo en la labor de defensa de derechos humanos y de libertad de expresión”. Llamaron a “fortalecer la labor que realiza el Mecanismo”.
Por su parte, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red Tdt) subrayó además que en el caso de los homicidios de defensores “2 de estos asesinatos fueron en el propio domicilio de las personas defensoras, lo que evidencia el aumento en la vulnerabilidad ante la crisis sanitaria por el Covid-19”. Resaltó también que de los 4, “la labor de 3 de estas personas estaba ligada a la defensa de tierra y territorio, lo que es consecuente con la tendencia que se ha señalado desde la Red TDT y otras organizaciones. Con estos 4 asesinatos, serían ya 30 personas defensoras asesinadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador”.
Alertaron además sobre el hecho que “en el marco de la contingencia sanitaria, es claro que la labor de defensa de derechos humanos no se detiene, sino que cobra una especial relevancia en un momento en que las ausencias institucionales se convierten en múltiples ventanas de oportunidad para la comisión de delitos y violaciones de derechos humanos”.
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