- Herederos del paramilitarismo sitian comunidades tseltales y tsotsiles.
“Como
mujer indígena y desplazada quiero decir que nos encontramos en un alto
riesgo ya que los grupos civiles armados de corte paramilitar en la
región continúan disparando a las comunidades… Como desplazada siento
mucho miedo, porque me pueden matar… las niñas y los niños también están
en un riesgo muy alto por la violencia. Nosotras como mujeres indígenas
estamos acostumbradas a trabajar en el campo, cultivar nuestro maíz
frijol y café. Ahora ya no podemos trabajar en nuestras parcelas, la
abandonamos desde el 18 de octubre de 2017 por los grupos civiles
armados de corte paramilitar continúan disparando y nosotros dejamos de
cultivar en nuestra parcela.” Fragmento del testimonio de una mujer desplazada de Chalchihuitán.
El
testimonio antes citado se suma a muchas voces que claman y reclaman
justicia por la situación de desplazamiento forzado interno que padecen
pueblos y comunidades tsotsiles de la región altos y tseltales de la
región selva del estado de Chiapas; situación que ha sido agravada por
la expansión de la pandemia del coronavirus que cada vez más azota a los
pueblos y comunidades indígenas de Chiapas.
A
partir del 15 de abril del presente año, el Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casa, (Frayba) inició una campaña denominada Les queremos en casa1. Esta campaña se ha llevado a cabo en el marco del COVID-19 cuando este nuevo virus no había alcanzado a los pueblos y comunidades indígenas.
Como objetivo se planteó visibilizar las negligencias y omisiones de
las autoridades, tanto del ámbito estatal como federal, por no atender
las violaciones a los derechos humanos permitiendo la persistencia de
estos hechos que afectan gravemente los derechos particulares de
mujeres, niñas, niños y hombres de distintas edades que han sido
obligados a abandonar su hogar. Este desplazamiento forzado en algunos
casos ha sido intermitente o de forma permanente por la situación de
violencia generada por grupos civiles armados, como los herederos del
paramilitarismo, fomentados por el gobierno mexicano a finales de la década de 1990 para minar y combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a sus bases de apoyo.
Con base en la documentación que cuenta el Frayba, en la zona Altos de Chiapas actualmente existen al menos 3304
personas en situación de desplazamiento forzado. Estas personas son
provenientes de los municipios de Aldama, Chachihuitán y del municipio
de Chenalhó. Las personas desplazadas de Chenalhó son integrantes de la
Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes fueron desplazadas de la comunidad Los Chorros, desde agosto de 2018, mediante asamblea comunitaria
Mientras que, en el municipio de Chilón, grupos civiles armados también herederos del paramilitarismo de la zona mantiene
sitiadas a varias comunidades mediante secuestros, extorsiones,
amenazas e intimidaciones. Tanto el Frayba como el Centro de Derechos
Indígenas, A.C. (CEDIAC) con sede en la cabecera municipal de Chilón,
han documentado el desplazamiento de 262 personas de las cuales 114 son
menores de edad, 76 mujeres y 72 hombres. El desplazamiento forzado
perpetrado por el grupo civil armado con sede en la localidad Pechton
Icotsilha’ se agravó luego de que privara de forma arbitraria de la vida
a Marín Luis Gómez Guzmán quien era originario de la localidad Carmen
San José.
Ante
los hechos de desplazamiento forzado las víctimas dieron parte a las
autoridades ministeriales para solicitar que se investiguen los hechos.
De la misma manera, los Centros de Derechos Humanos Frayba y CEDIAC
enviaron solicitudes de intervención a las autoridades estatales y
federales para exigir el desarme de los grupos civiles armados que
operan en esas zonas, se garanticen el retorno a fin de evitar las
graves violaciones a los derechos humanos, no obstante, en el mejor de los casos, la respuesta de la autoridad no ha sido eficiente.
Es
preocupante que ante la crisis mundial y emergencia sanitaria
provocadas por el COVID-19 que se está expandiendo cada vez más al
interior de las comunidades, el Estado mexicano no garantice la
seguridad y el retorno de las familias desplazadas. Con la inacción de
los gobiernos, hacen caso omiso a los llamados que han hecho tanto la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)2 como la Organización de Naciones Unidas (ONU) de actuar de manera efectiva por los derechos de los pueblos originarios por ser una población históricamente marginada y garantizar el acceso a la salud a fin de mitigar los efectos de la pandemia.
1 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Les queremos en casa. Campaña expo foto en solidaridad con comunidades en desplazamiento forzado. 11 de mayo de 2020. Disponible en: https://frayba.org.mx/ta-jkanot-kutik-li-ta-jnatike-te-queremos-aqui-en-esta-casa-nuestra/
2La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios. 06 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/103.asp
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
23 de junio de 2020.
Boletín 14.
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