El 22 de agosto, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que fueron detenidos el director del penal de San Cristóbal de Las Casas, y otros dos servidores públicos (el alcaide y un vigilante) por la muerte del reo Adolfo Gómez. Se encuentran acusados del delito de ejercicio ilegal del servicio público y del adecuado desarrollo de la función pública.
Ello, en relación con la muerte de Adolfo Gómez Gómez, encontrado sin vida en su celda el 27 de julio. La víctima había sido detenida a mediados de julio acusado de trata de personas, en el marco de las investigaciones que realizaba la Fiscalía General del Estado (FGE) para localizar al niño Dylan Esaú Gómez Pérez. Enereida Gómez Sánchez, hija del difunto, relató que poco después de ser detenido, su padre le habló para que consiguiera 50 mil pesos que le pedían los “jefes en el penal”: “Yo le dije que era muy difícil porque somos muy humildes. Pero me pidió que tratara de conseguirlo porque si no corría grave peligro. Nuestra gran duda es si porque no dimos el dinero le quitaron la vida”. En la misma operación en la que fue detenido Adolfo Gómez, la policía capturó a su ex esposa, Josefa Sánchez Gómez, madre de Enereida, así como a tres mujeres acusadas de trata de personas ya que se encontraron 23 menores de edad en el lugar. Enereida ya ha declarado que las tres mujeres detenidas además de su madre son su hermana y cuñadas, que los niños son todos familiares por lo que ha solicitado la devolución de los menores.
Llaven Abarca en la misma conferencia en la que se anunció las detenciones de los funcionarios reiteró que la muerte de Gómez Gómez no fue homicidio sino suicidio y que no encontraron huellas de violencia en el cuerpo. Ratificó que las 4 mujeres siguen inculpadas por el delito de trata de personas en la modalidad de trabajo forzado y por hacer caso omiso en la calidad de garante de la vida.
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