El movimiento zapatista afronta ahora un tenso escenario en el que existe una firme y declarada estrategia de contrainsurgencia respaldada por la impunidad de los aparatos de justicia gubernamentales.
A escasos días de que el gobierno mexicano reconociese públicamente su responsabilidad en la masacre de Acteal, Chiapas, la cual dejó un saldo de 45 personas muertas y 26 heridas en diciembre de 1997, el recrudecimiento de la violencia estatal y paraestatal en este estado del sureste mexicano se ha intensificado en los últimos meses.
Los pueblos originarios de Chiapas conviven con tensiones propias de un conflicto perpetuado desde que, en 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) exigiera al gobierno mexicano un alto a la negligencia y las agresiones físicas, culturales y territoriales que históricamente han sufrido las comunidades indígenas de la región. Entonces, los acercamientos a un posible diálogo entre los tres niveles de Estado y el EZLN sobrevinieron en confrontaciones directas que, en su origen, permitían vislumbrar el propósito de los estamentos gubernamentales de frenar los procesos de construcción de autonomía.
Sin embargo, la presencia y hostigamiento militar y la manipulación civil a través de subsidios asistencialistas en territorio zapatista han devenido, en la actualidad, en actuaciones criminales en las que la cara pública del gobierno estatal no es tan visible y que han intensificado, profundamente, la guerra de desgaste integral en Chiapas. Conscientemente, se ha fabricado un entramado de organizaciones y grupos que, desde supuestos intereses comunitarios y/o territoriales, operan en territorio zapatista y no zapatista, agrediendo, secuestrando, asesinando y despojando a comunidades declaradas en contra de proyectos que atentan sobre la vida, la naturaleza y los valores comunitarios.
Se ha fabricado un entramado de organizaciones y grupos que, desde supuestos intereses comunitarios, operan en territorio zapatista y no zapatista, agrediendo, secuestrando, asesinando y despojando a comunidades declaradas en contra de proyectos que atentan sobre la vida
Las agresiones a comunidades zapatistas se ejemplifican en lo acontecido el 22 de agosto del presente año en el poblado de Cuxuljá, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista de Lucio Cabañas (municipio oficial de Ocosingo), donde miembros del grupo paramilitar denominado Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) dispararon, saquearon y quemaron dos bodegas de café de bases de apoyo del EZLN. El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció el pasado 27 de agosto esta agresión, acusando como responsables a la propia ORCAO, al partido político Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), quien ocupa la presidencia mexicana en la actualidad, y al gobierno estatal y federal
El historial conflictivo de la ORCAO contra el EZLN se remonta a la década de los 2000, cuando la organización de cafeticultores, que previamente había participado en el alzamiento zapatista y en la ocupación de tierras ganaderas en la región de Ocosingo, abandonó la resistencia y se alió con el gobierno estatal de Pablo Salazar. Con el propósito de recuperar la mitad de las tierras donde las bases de apoyo zapatistas siembran colectivamente, el hostigamiento por parte de la ORCAO ha sido constante desde entonces. Sólo se ha de recordar los secuestros y agresiones del pasado febrero en el municipio de Chilón a miembros del CNI por parte de la ORCAO, junto al grupo paramilitar Los Chinchulines y del partido MORENA.
El movimiento zapatista afronta ahora un tenso escenario en el que, simultáneamente a la expansión y reestructuración territorial de sus Juntas de Buen Gobierno y Municipios Autónomos iniciada en agosto del pasado año y aunado a una crisis sanitaria que azota a toda la república y, especialmente, a regiones indígenas sin acceso a sistemas sanitarios eficaces, existe una firme y declarada estrategia de contrainsurgencia respaldada por la impunidad de los aparatos de justicia gubernamentales. Ya sea a través de campañas de desacreditación, fabricando noticias falsas entorno a su relación con el crimen organizado como el cártel Jalisco Nueva Generación, o mediante el diseño de conflictos internos y su consecuente ruptura de tejido social, se pretende desprestigiar y desarticular la construcción de la autonomía zapatista.
El recrudecimiento de la violencia se asienta en la previsión e implementación de megaproyectos impulsados por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el llamado Tren Maya, el Corredor Transístmico, o el programa Sembrando Vida
El recrudecimiento de la violencia se asienta, de otra parte, en la previsión e implementación de megaproyectos impulsados por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el llamado Tren Maya, el Corredor Transístmico, o el programa Sembrando Vida. Varias organizaciones sociales y civiles se han opuesto a la mercantilización de la tierra y de la vida que suponen estas acciones, las cuales priorizan intereses capitalistas frente a los derechos individuales y colectivos de la población indígena en México.Las organizaciones opositoras al despojo de tierras y a la subsecuente reorganización territorial están corriendo la misma suerte en términos de persecución y represión que las comunidades zapatistas.
Varios son los ejemplos de intento de desarticulación de movimientos autonomistas en Chiapas, como es el caso de las agresiones a Aldama, en los Altos de Chiapas, por parte de un grupo armado de Santa Martha, las cuales se vienen prolongando desde hace más de dos años y mantienen a más de dos mil personas en situación de desplazamiento forzado. Asimismo, no se puede obviar la mano invisible del gobierno alentando divisiones internas entre las y los sobrevivientes de Acteal, así como su organización de un teatro público de solución amistosa con una de las facciones minoritarias en vez de respetar la voluntad de exigencia de la emisión de un informe de fondo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La impunidad con la que operan los grupos de choque y paramilitares en el escenario de violencia y represión contra los pueblos originarios organizados pone en evidencia la participación y responsabilidad gubernamentales. Hasta el momento, la defensa de la tierra y territorio por parte de las comunidades indígenas se ha posicionado como única respuesta para enfrentar la tendencia neoliberal global de despojo impuesta por el poder transnacional. Ante una situación planetaria al borde del colapso ecológico, ocasionada por el individualismo, la acumulación, el crecimiento y el consumo desmedidos; es de vital importancia mantener vivas las experiencias organizativas que gestionan la vida comunitariamente y con respeto a la naturaleza y a los bienes comunes.
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