La militarización sólo sirve para criminalizar: Abejas de Acteal
Organización de la Sociedad Civil Las Abejas
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.
A 22 de octubre de 2019
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios Libres y Alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Estamos a dos meses de cumplir los 22 años de conmemorar a nuestros 45
hermanas y hermanos mártires, más cuatro no nacidos que fueron sacados
del vientre de sus madres por los paramilitares priístas de Chenalhó,
por órdenes del estado mexicano. Este crimen fue cometido durante la
presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, siendo gobernador del
estado de Chiapas Julio Cesar Ruiz Ferro y presidente municipal de
Chenalhó, Jacinto Arias Cruz. Este crimen fue una estrategia de
contrainsurgencia como parte del Plan de Campaña Chiapas 94 en contra
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de las
comunidades en resistencia al mal gobierno de México.
Este es el mismo plan que inició la militarización de Chiapas, trayendo
miles de soldados a nuestras tierras, instalando bases, campamentos
militares y retenes que de nada sirven al pueblo. Al contrario, han
violado mujeres, han traído prostitución, causado terror y daño a las
personas de nuestras comunidades; su presencia es una guerra psicológica
hacia las mujeres y hombres quienes luchamos contra el sistema de
muerte al que ellos sirven. Los militares y los de la seguridad pública
son asesores de las masacres y asesores de las torturas y
desapariciones, porque ellos apoyan a los paramilitares. Son los que
entrenaron a los paramilitares que llegaron a matarnos en Acteal, y son
los que golpearon, violaron y torturaron en 1994 a nuestras hermanas
tseltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez, enfrente de su madre
Delia Pérez de González, en un retén contrainsurgente en Altamirano,
Chiapas. Reconocemos el valor de estas hermanas que en 25 años no se han
cansado de denunciar al Ejército Mexicano y exigir justicia y castigo a
todos los militares involucrados en este crimen. Justicia que hasta hoy
también se les ha negado, pues el estado mexicano y la presidencia de
la República piensa que es suficiente con pedirles disculpas públicas,
sin responsabilizar al Ejército, “por la falta de investigación, de
acceso a la justicia y de reparación a las víctimas” . ¿Por qué no hay
ni un militar juzgado y castigado por estos hechos? ¿Por qué no, en vez
de hacerse publicidad, el gobierno se pone a cumplir la recomendación
que desde el 2001 le mandó la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, cuando concluyeron que el ejército es responsable de las
violaciones a los derechos de las Hermanas González Pérez, y que tienen
que “investigar los hechos de manera completa, imparcial y efectiva en
la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la
responsabilidad y sanción de todos los autores de las violaciones a los
derechos humanos en agravio de las cuatro mujeres?”