Estado mexicano sin atender las causas del desplazamiento forzado en Chiapas.

jueves, 25 de junio de 2020

Estado mexicano sin atender las causas del desplazamiento forzado en Chiapas.

Herederos del paramilitarismo sitian comunidades tseltales y tsotsiles.

“Como mujer indígena y desplazada quiero decir que nos encontramos en un alto riesgo ya que los grupos civiles armados de corte paramilitar en la región continúan disparando a las comunidades… Como desplazada siento mucho miedo, porque me pueden matar… las niñas y los niños también están en un riesgo muy alto por la violencia. Nosotras como mujeres indígenas estamos acostumbradas a trabajar en el campo, cultivar nuestro maíz frijol y café. Ahora ya no podemos trabajar en nuestras parcelas, la abandonamos desde el 18 de octubre de 2017 por los grupos civiles armados de corte paramilitar continúan disparando y nosotros dejamos de cultivar en nuestra parcela.” Fragmento del testimonio de una mujer desplazada de Chalchihuitán.

El testimonio antes citado se suma a muchas voces que claman y reclaman justicia por la situación de desplazamiento forzado interno que padecen pueblos y comunidades tsotsiles de la región altos y tseltales de la región selva del estado de Chiapas; situación que ha sido agravada por la expansión de la pandemia del coronavirus que cada vez más azota a los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas.

A partir del 15 de abril del presente año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casa, (Frayba) inició una campaña denominada Les queremos en casa¹. Esta campaña se ha llevado a cabo en el marco del COVID-19 cuando este nuevo virus no había alcanzado a los pueblos y comunidades indígenas. Como objetivo se planteó visibilizar las negligencias y omisiones de las autoridades, tanto del ámbito estatal como federal, por no atender las violaciones a los derechos humanos permitiendo la persistencia de estos hechos que afectan gravemente los derechos particulares de mujeres, niñas, niños y hombres de distintas edades que han sido obligados a abandonar su hogar. Este desplazamiento forzado en algunos casos ha sido intermitente o de forma permanente por la situación de violencia generada por grupos civiles armados, como los herederos del paramilitarismo, fomentados por el gobierno mexicano a finales de la década de 1990 para minar y combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a sus bases de apoyo.

Con base en la documentación que cuenta el Frayba, en la zona Altos de Chiapas actualmente existen al menos 3304 personas en situación de desplazamiento forzado. Estas personas son provenientes de los municipios de Aldama, Chachihuitán y del municipio de Chenalhó. Las personas desplazadas de Chenalhó son integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes fueron desplazadas de la comunidad Los Chorros, desde agosto de 2018, mediante asamblea comunitaria

Mientras que, en el municipio de Chilón, grupos civiles armados también herederos del paramilitarismo de la zona mantiene sitiadas a varias comunidades mediante secuestros, extorsiones, amenazas e intimidaciones. Tanto el Frayba como el Centro de Derechos Indígenas, A.C. (CEDIAC) con sede en la cabecera municipal de Chilón, han documentado el desplazamiento de 262 personas de las cuales 114 son menores de edad, 76 mujeres y 72 hombres. El desplazamiento forzado perpetrado por el grupo civil armado con sede en la localidad Pechton Icotsilha’ se agravó luego de que privara de forma arbitraria de la vida a Marín Luis Gómez Guzmán quien era originario de la localidad Carmen San José.

Ante los hechos de desplazamiento forzado las víctimas dieron parte a las autoridades ministeriales para solicitar que se investiguen los hechos. De la misma manera, los Centros de Derechos Humanos Frayba y CEDIAC enviaron solicitudes de intervención a las autoridades estatales y federales para exigir el desarme de los grupos civiles armados que operan en esas zonas, se garanticen el retorno a fin de evitar las graves violaciones a los derechos humanos, no obstante, en el mejor de los casos, la respuesta de la autoridad no ha sido eficiente.

Es preocupante que ante la crisis mundial y emergencia sanitaria provocadas por el COVID-19 que se está expandiendo cada vez más al interior de las comunidades, el Estado mexicano no garantice la seguridad y el retorno de las familias desplazadas. Con la inacción de los gobiernos, hacen caso omiso a los llamados que han hecho tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)² como la Organización de Naciones Unidas (ONU) de actuar de manera efectiva por los derechos de los pueblos originarios por ser una población históricamente marginada y garantizar el acceso a la salud a fin de mitigar los efectos de la pandemia.