Un tribunal federal dio el visto bueno definitivo a la solicitud de inmunidad para Ernesto Zedillo, realizada en 2011.
El tribunal desechó en definitiva el amparo con el que se impugnó la solicitud para otorgar inmunidad al expresidente en la demanda por 50 millones de dólares presentada en su contra, en Estados Unidos, por la matanza de Acteal.
El tribunal colegiado también rechazó una petición de los quejosos para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de su facultad de atracción, con lo que el juicio quedó cerrado en definitiva.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa desechó en definitiva el amparo con el que se impugnó la solicitud de México para otorgar inmunidad a Ernesto Zedillo, en la demanda por 50 millones de dólares presentada en su contra en Estados Unidos por la matanza de Acteal.
Ayer, 27 de mayo, se revocó la sentencia dictada en marzo por un juez de Distrito, quien había afirmado que la Embajada de México en Estados Unidos actuó ilegalmente al enviar una nota diplomática al Departamento de Estado, en la que solicitó reconocer la inmunidad del ex presidente mexicano.
En noviembre de 2012, Zedillo pidió a un juez federal de Estados Unidos desechar definitivamente la demanda en su contra por su supuesta responsabilidad en la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, en 1997.
Los abogados de Zedillo presentaron una nota diplomática a un juez de Connecticut para decir que las personas que acusaron al ex presidente de ser responsable de la matanza en Acteal mentían para intentar mantener vivo el caso.
En septiembre de 2012, el Departamento de Estado de Estados Unidos accedió a la petición del gobierno de México de dar inmunidad al ex presidente en el caso Acteal, donde murieron 45 personas en 1997, “para mantener las buenas relaciones con la República Mexicana”.
Los demandantes presentaron un amparo en México y expresaron que el embajador en Washington, Arturo Sarukhan, no tenía autoridad constitucional para pedir a la justicia federal estadounidense inmunidad para Zedillo.
La matanza de Acteal sucedió el 22 de diciembre de 1997 y en ella murieron 45 personas. La versión oficial dice que la tragedia fue resultado de un conflicto religioso y territorial entre comunidades chiapanecas, pero la versión de organizaciones civiles que representan a las víctimas aseguran que fue un crimen orquestado desde el gobierno y llevado a cabo por paramilitares.
En ese entonces, de los detenidos y encarcelados, varios resultaron inocentes. De los 84 sentenciados, 36 fueron liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a 22 se les abrió proceso después de que se comprobó que la fiscalía cometió violaciones graves al derecho de defensa de los acusados.
Lo que se detectó fueron confesiones bajo tortura, pruebas falsas y la no provisión de traductores a indígenas que no hablan español.
El ex mandatario mexicano fue acusado ante la Corte Federal por una decena de personas que se presentaron como sobrevivientes anónimos de la matanza de Acteal, en el estado de Chiapas, en la que murieron 45 hombres, mujeres y niños en diciembre de 1997.
De acuerdo con la acusación, la masacre de Acteal ocurrió a raíz de la implementación por parte del gobierno mexicano de El Plan de Campaña Chiapas 94, descrita como una estrategia secreta del gobierno para aplastar el movimiento insurgente zapatista de la década de 1990.
La demanda fue interpuesta, por el despacho de abogados Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami, Florida, a nombre de seis hombres y cuatro mujeres, sobrevivientes de los hechos y viudas e hijos de las víctimas, cuyos nombres se mantienen bajo reserva.
El proceso civil contra Zedillo tuvo lugar la corte en Connecticut por ser esta la entidad de residencia del ex presidente mexicano, que se desempeña actualmente como profesor en la prestigiosa Universidad de Yale en New Haven.
La audiencia está agendada para el 18 de julio en la sede de la Corte en New Haven. Es previsible que, en los próximos días, los abogados de Zedillo presenten copia y traducción de la sentencia del tribunal colegiado, lo que debilitará sensiblemente el caso de los demandantes, pues los tribunales de Estados Unidos siempre se pliegan a la posición del Poder Ejecutivo en materia de inmunidad.
Los abogados de Zedillo han reiterado una y otra vez que la nota diplomática no tuvo relevancia, y que sus contrapartes sólo buscan prolongar artificialmente el litigio.
