No pueden cerrar la voz: libertad para Alejandro Díaz Santis Por Aldo SantiagO @Subversiones/
"Las injusticias, los asesinatos, desapariciones, encarcelamientos injustos y amenazas de parte de los gobernantes es lo que sufren y sufrimos cada persona en diferentes del país y estados. Juntos podemos ganar las verdaderas justicias."
Alejandro Díaz Santis
En el sistema penal mexicano las marcas de una sociedad desigual son aún más profundas. Mientras grotescos jóvenes ricos pueden violar a su antojo, es evidente que los que están en la cárcel sin siquiera ser sentenciados, son los que no pueden pagar. De 260 mil presos en México, el 40% no recibieron sentencia. Son presuntos culpables que no tienen dinero para salir de la cárcel y se quedan presos, alimentando el sistema penitenciario que vive de la pobreza y marginación de estas personas.
Sin embargo cada cárcel, con sus celdas y sus presos, tiene voces, tonos y estruendos distintos, voces solidarias entre sí que conforman una orquesta de dignidad incansable, de rabia por la injusticia, de resistencia y lucha por lo que es propio, de ellos, de ustedes, de nosotros y de todos, del pueblo: tierra, educación, salud, libertad, humanidad. Organizaciones adherentes a la Sexta Declaración del EZLN, a aquella lucha inacabable de más de 500 años, tanto fuera como dentro de los barrotes, desde abajo y hacia el espacio, son su megáfono.
El compañero Alejandro es indígena tsotsil de 35 años, está preso desde el 1999 acusado de un homicidio que no cometió. Al momento del arresto no hablaba español, fue torturado, nunca tuvo acceso a un traductor y no podía contar con dinero suficiente para una defensa legal adecuada. Es decir fue detenido y encerrado por ser pobre e indígena, algo muy común en la lógica racista del sistema colonial de justicia en México y en Chiapas.
Se politizó en la cárcel y se adhirió a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN. Se organizó con otros presos y presas en un colectivo llamado «Solidarios de la Voz del Amate», cuyos integrantes –tras muchas acciones emprendidas y en las que participó el mismo Alejandro– lograron su libertad en julio de 2013. Alejandro Díaz Santis es el único integrante de esa organización aún detenido, a pesar de haber realizado una huelga de hambre de 39 días en octubre de 2011.
«Yo veo que el gobierno no toma en cuenta a la gente indígena y yo estoy pidiendo la libertad de mi hijo; y él tambien esta pidiendo su libertad y el gobierno no nos toma en cuenta. Al contrario lo mandaron lejos. No hay justicia» comenta Antonio Díaz Velázquez, padre de Alejandro, durante una plática en San Cristóbal de las Casas.
Su hijo cumple 17 años preso el próximo 11 de mayo y desde el 10 de septiembre de 2015 fue trasladado del CERESO No.5 de San Cristóbal de las Casas a una cárcel federal en Villa Comaltitlán, Tapachula, Chiapas, lo que ha agravado una dolencia en sus ojos, además de desgastar emocional y económicamente a su familia. «Yo lo veo algo triste, allá donde esta él porque yo fui a ver el día 21 de este mes y pues tiene enfermedad y no hay atención médica, y está enfermo de sus ojos y dice que se le puso colorados los ojos, se inflaman y tiene dolor de cabeza y no hay atención médica y como no se pueden pasar necesitan varios documentos para pasarlo a ver y quiere ir su cuñado, sus tíos, amigos, y no se les deja pasar» comparte don Toño quien remarca que toda la población carcelaria padece los mismos maltratos que su hijo en un sitio donde el aislamiento es parte del castigo.
«Antes de su traslado, nosotros lo visitabamos para tener una vinculación de nuestra lucha y nuestra exigencia; es un aislamiento total también para nosotros como compañeros porque ya no podemos hablar con él. Las veces que he acompañado al compañero Antonio pues igual yo quisiera entrar y hablar con Alejandro pero desgraciadamente no se puede porque es una cárcel federal donde sólo el papá, la mamá y los hermanos pueden visitarlo, siempre y cuando tengan todos los documentos que ellos piden” relata Pedro López Jiménez, integrante de los «Solidarios de la Voz del Amate» organización de presos surgida en el CERESO No.14 en Cintalapa, Chiapas, que se declararon adherentes a la Sexta Declaración el 5 de enero de 2006 consiguiendo la liberación de 138 presxs en un proceso de lucha que llevó consigo huelgas de hambre y protestas, movilización social y presión pública.
«A menudo se refiere a un preso político a alguien que cayó preso por luchar, recordamos que los ‘Solidarios de la Voz del Amate’ son presos que cayeron por discriminación, por el sistema de justicia colonial que se vive en Chiapas y México donde está criminalizada la pobreza y el ser indígena; cayeron por delitos que sí pasan por las situaciones de pobreza y criminalización que el mismo estado favorece. Muchas veces son hombres y mujeres indígenas que no hablan español, sobre todo no conocen los términos jurídicos de que los acusaron, no tienen conocimiento de sus derechos como ciudadanos ante la ley y que caen en redadas o en situaciones de venganza familiar, de clan o de caciques que meten presos a ciertos incómodos o ciertos indígenas que saben no se pueden defender» comparten integrantes del Grupo de Trabajo No estamos todxs (GT).
¿Qué hace la justicia? Básicamente el sistema de justicia en Chiapas y en todo México requiere dinero y cuanto más dinero tiene no importa el delito, saldrá libre; por ello es difícil encontrar a personas ricas dentro de la cárcel, sino que éstas están destinadas para quienes no alcanzaron a pagar la mordida al policía, la mordida al MP, la mordida al juez y su cuota al abogado. Toda esta maquinaria sirve para sacar dinero, sobre todo a la gente pobre.
De acuerdo al colectivo anticarcelario, un preso en lucha es aquel que pasa por un proceso de politización dentro de la cárcel y desde las entrañas del aparato represor emprenden la lucha por la libertad. «Es un castigo; supuestamente a Alejandro lo llevaron porque tiene una condena larga, pero ya no lo tiene porque ya casi va cubriendo el 50% de su pena: 17 años; y quizá, como dicen las autoridades, es una persona peligrosa y quizá sí lo es ante el gobierno, ante el sistema. El gobernador actual supuestamente no tiene nada que ver con ese traslado pero sabemos que es mentira, quizá el mismo gestionó el traslado porque igual pasó con el compañero Patishtan en 2011 cuando estábamos en huelga, que el mismo secretario lo había solicitado cuando lo llevaron a Guasave, Sinaloa. Y yo creo que en este caso con el compañero Alejandro lo mismo pasó» añade Pedro sobre la situación actual de Alejandro.
«Lo llevan a una cárcel federal con el fin de privarlo mas de sus derechos y de su voz porque Alejandro cuando estaba aquí en el cinco, él hacía sus comunicados, todo lo que sucedía adentro, él lo hacía público; cuando se leen un comunicado, muchos compañeros retoman ese mensaje para apoyar la exigencia del preso, pero ya estando allá ya cambian muchas cosas porque él no puede escribir, no puede hablar con sus compañeros; ellos tienen una hora de receso cada ocho días. Al estar en el patio, si hacen ejercicio, lo hacen con las cabezas agachadas porque no se pueden hablar, mucho menos mirar, es muy duro, es un castigo de aquellos; quizá como decimos nosotros, el gobierno lo quiere matar en vida porque sabiendo Alejandro que es inocente, es un luchador, que ya está por salir aunque las autoridades siempre encuentran la forma de cómo atrasar todo esto porque igual respecto de la vía jurídica, del amparo de Alejandro, la vez pasada en 2013 no fue admitido» explica Pedro sobre los castigos y obstáculos que el estado, en sus todos sus niveles, ejerce en la prolongada e injusta detención de Alejandro.
Alejandro tiene derechos a beneficio de pena, pues más allá de la dificultad en demostrar su inocencia, él ya rebasó la mitad de su sentencia. La vida carcelaria acumula ciertos «beneficios» por buena conducta, por lo cual Alejandro debería salir. Legalmente ya cumplió con los requisitos pero el sistema judicial argumenta lo contrario. Ante ello se presentó un juicio de amparo contra la decisión del tribunal cuya resolución deberá ser pública para mediados o finales de abril y si la resolución se da favorable Alejandro tendría que salir porque automáticamente utilizará esos «beneficios».
Este 17 de abril de 2016 se llevará a cabo una jornada para recordar lxs presxs políticxs en todo el mundo –iniciativa que nace en Palestina y fue retomada en el Kurdistán y el País Vasco-. Desde hace años el GT se suma a estas iniciativas que se hacen en todo el mundo recordando los presxs políticxs en Chiapas y México. Justo ese día convocan para una movilización con la familia de Alejandro, los «Solidarios de la Voz del Amate» y los adherentes a la Sexta Declaración, para recordar los casos de presxs políticxs en lucha de Chiapas y el mundo, evento que converge en el marco de la resolución de amparo próxima.
Experiencias como la de los «Solidarios de la Voz del Amate», como la lucha de Alejandro, ilustran la necesidad de la construcción de otra justicia, una como la que comparten perspectivas comunitarias de reparación de daño y verdadera reintegración social en el que creen comunidades mayas.
«No es que las comunidades no tengan sentido o aplicación de la justicia, nada mas que no coincide con la del Estado y este aplica de manera colonial como un invasor sobre la vida de la gente de los pueblos indígenas. Además de eso hay una tortura real. Tienen ténicas en casas de seguridad que están ubicadas en estos territorios que no son los cuarteles, son casas que la policía tiene rentada donde encierran a los detenidos y hasta que salgan de ahí con una declaración autoinculpatoria. La mayoría de los presos se autocondenan para no sufrir mas tortura».
La gran mayoría de los presos indígenas, que son el 80% de las cárceles de Chiapas, sufren y se declaran culpables con hojas blancas firmadas y con declaraciones de culpabilidad obtenidas bajo tortura. «Sin contar que a veces hay testigos de cargo que el ministerio público o el cacique utilizan contra ciertas personas por ser enemigos o porque les conviene, por ser rivales de amor, etc, los testigos de cargos reciben dinero; un MP puede recibir 40 mil pesos para confirmar una acusación; un testigo de cargo puede recibir 25 mil pesos para atestiguar, es todo un pinche mercado sobre la vida de la gente. ¿Dónde está la justicia? No buscan justicia sino culpables que permitan la lubricación de un sistema que vive de mordidas y dinero y traga vidas humanas en las cárceles y dinero en los bolsillos de los funcionarios, desde los policías hasta del crimen organizado; todos viven de esa corrupción, pero para que exista y se alimente todo el gran sistema se necesitan culpables y ellos son los que no hablan español, son pobres, que no tienen amistades porque uno puede ser indígena pero si conoce a tal cacique o licenciado, a lo mejor se salva».
Alejandro al quedar solo no se desanimó; consciente de que su libertad sólo puede llegar a través de la organización, de los presos y quienes estamos afuera, siguió este trabajo. Por eso Alejandro estaba haciendo denuncia de la corrupción de los funcionarios, la falta de medicamentos, el control que tienen sobre las visitas que es una forma de chantajear a los presos; ha denunciado de todo. Alejandro, que sólo hablaba tsotsil, que le daba pena hablar en público, aprendió a hablar y escribir en español para demandar y denunciar a las autoridades. Por eso, realmente lo están castigando con su traslado a un CEFERESO. Esta es una técnica que se ha utilizado contra Alberto Patishtan; se ha utilizado contra Álvaro Sebastián Ramírez en Oaxaca y se ha utilizado contra Alejandro, ellos han sido «castigados» por su trabajo de organización y denuncia.
Hacemos un llamado a las organizaciones adherentes pero también a las organizaciones solidarias, a lxs de corazones sencillos, que entiendan esta injusticia y se sumen a esta exigencia de libertad para Alejandro Díaz Santis.
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