1 agosto, 2019
Foto por Santiago Navarro F. Chinameca Morelos, abril, 2019.
Por Eugenia López
Durante los primeros 5 meses de gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador, 10 integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) han sido asesinados. Es el peor inicio de un sexenio desde su fundación el 12 de octubre de 1996.
Cada uno de los 10 asesinados eran miembros de comunidades en procesos de lucha y resistencia en defensa de sus territorios contra megaproyectos y/o tráfico de drogas, armas y personas.
Sin gran sorpresa, nadie ha sido detenido por esos homicidios : la impunidad es la regla en el país.
Según la investigación “Impunidad en homicidio doloso en México 2018” elaborada por la organización Impunidad Cero, en 2017 por ejemplo, se registraron 29,139 homicidios dolosos (con la intención de matar), más del doble de los homicidios registrados en el 2001 (13,855). De esos homicidios, un promedio de 87.5% quedó impune. Las entidades que se sitúan como las más impunes del país son Oaxaca y Morelos, ambas con una impunidad directa en homicidio doloso de 99.4%, seguidas de Guerrero (98.2%), Chiapas (97.1%) y Baja California Sur (96.9%).
Carlos González, nahua de Jalisco, abogado especialista en derecho agrario e integrante de la Coordinación del Concejo Indígena de Gobierno del CNI explica en una entrevista para Contralínea que si bien la violencia está recrudeciendo, no es nueva: los pueblos indígenas viven una guerra permanente. Para él, las agresiones contra las comunidades son parte de “una política sistemática y perfectamente planificada para destruir y para exterminar a los pueblos indígenas”.
Cabe señalar que según un recuento no exhaustivo con datos del CNI, se registraron 117 asesinatos y 11 desapariciones contra integrantes del CNI desde 1996. Se sabe que la lista real es más larga ya que la lista tentativa recopila casi exclusivamente los casos de asesinatos de personas que tenían responsabilidades políticas y/o operativas.
González también señala que la “militancia de izquierda” del actual presidente de la República es más una ilusión que una realidad ya que todo su proyecto de gobierno sigue las reglas del neoliberalismo. Para él, los pueblos indígenas no pueden esperar un cambio favorable por parte del nuevo gobierno federal.
Las personas asesinadas durante el actual sexenio son:
- Los choles Noé Jiménez Pablo y Santiago Gómez Álvarez, integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente, organización adherida a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (Mocri-CNPA MM). Fueron secuestrados mientras su organización mantenía un plantón en el Palacio Municipal de Amatán, Chiapas. Fueron torturados y desfigurados con ácido.
- El nahua Samir Flores Soberanes, campesino, herrero y comunicador comunitario comprometido con la lucha contra el Proyecto Integral Morelos. Fue asesinado el 20 de febrero en las puertas de su domicilio en Amilcingo, Morelos
- El me’phaa Julián Cortés Flores, líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la región de la Costa Chica, Guerrero. Fue asesinado a balazos en San Luis Acatlán.
- El tsotsil Ignacio Pérez Girón, síndico del municipio de Aldama, Chiapas. Había denunciado ataques de paramilitares contra su comunidad. El 4 de mayo de 2019 fue secuestrado, torturado y asesinado en Tuxtla Gutiérrez.
- Los nahuas José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPO-EZ). Fueron emboscados y asesinados en Chilapa de Álvarez, Guerrero.
- Los nahuas Bartolo Hilario Morales, de la comunidad de Tula, Guerrero, e Isaías Xanteco Ahuejote, de la comunidad de Xicotlán, integrantes del CIPO-EZ y de la CRAC-PC Pueblos Fundadores. Fueron secuestrados, torturados y asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados desmembrados.
Estos últimos cuatro asesinatos ocurren en el contexto de resistencia de las comunidades de la Montaña baja de Guerrero contra grupos narcoparamilitares que buscan controlar su territorio.
- y un joven nahua de la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, en Colima. El 31 de mayo de 2019, un grupo paramilitar entró disparando al pueblo asesinando al joven y dejando otros 3 heridos. Su comunidad está en conflicto por la tierra con una comunidad mestiza vecina.
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