México: De percepciones y contrastes
“No al Tren Maya”, marcha del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Chiapas © SIPAZ
En
diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció un
mensaje al celebrar su primer año de gobierno. Destacó que de los 100
compromisos que hizo en campañas, ya cumplió 89.
Enumeró una serie de logros como la reducción del robo de combustibles,
la creación de 648 mil nuevos empleos, el aumento de un 16% del salario
mínimo, una inflación anual del 3%, la estabilidad del peso frente al
dólar, la cobertura de los programas de gobierno (a la mitad de los
hogares mexicanos llega cuando menos un programa para el bienestar y en
un 95% de los de los pueblos indígenas, afirmó). Sobre el tema de la
seguridad, cuestionó que “entre 2006 y 2018 los gobernantes
pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante
acciones de fuerza militar y policial, sin atender el fondo del problema”, estrategia que dejó un “saldo pavoroso” de muertos, desaparecidos y una crisis de derechos humanos.
Medios nacionales e internacionales cuestionaron, no obstante, la administración de AMLO por un crecimiento económico nulo en este primer año, así como por su incapacidad para reducir la violencia cuando suman más de 28 mil muertes violentas entre enero y octubre. El propio gobierno también reconoce que en el primer año de gobierno, se reportaron 9 mil 164 personas desaparecidas, de los cuales sólo el 43% fueron localizadas; por lo que habría 61 mil 637 desaparecidos en el país (faltando todavía por integrar datos de 11 fiscalías estatales).
En noviembre, Amnistía Internacional (AI) presentó el informe “Cuando las Palabras No Bastan” en el que hace un balance en materia de derechos humanos después del cambio de gobierno. “El
gobierno del presidente López Obrador ha mostrado voluntad por avanzar
parcialmente en algunas iniciativas, sobre todo en el tema de
desapariciones en el país. Sin embargo, (…) no se observan cambios
substanciales en la vida de millones de personas que enfrentan una
gravísima crisis en materia de derechos humanos que se ha prolongado por
más de una década. Los altísimos niveles de violencia que atentan
contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los
alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de
seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica
realidad” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. AI afirmó que ve “una
incongruencia abismal entre lo que el gobierno dice y lo que luego
hace. Promete un trato más humano a las personas migrantes y en
necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a
perseguirles y detenerles. Dice que protegerá a las personas defensoras
de derechos humanos y periodistas, pero les desacredita públicamente”, añadió Guevara Rosas. AI concluyó que “el
gobierno tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de
la situación y, en su lugar, aceptar la responsabilidad de lo que
sucede en el presente y buscar soluciones para atender las graves deudas
pendientes”.
En un balance similar en enero, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TdT) también planteó que “las buenas intenciones no garantizan la consolidación de un adecuado modelo de procuración de justicia” (…) La puesta en duda de la importancia de la autonomía e independencia para una justicia más eficaz y expedita nos parece preocupante”, recalcó.
Otro tema de polémica, en noviembre, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) enfatizó la importancia de garantizar la independencia y autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) después de que Rosario Piedra Ibarra fuera elegida como nueva presidenta del organismo, aunque partidos políticos de oposición así como colectivos de derechos humanos y víctimas llamaron a que no tomara posesión de su cargo, por señalamientos de incongruencias y presunto fraude en el proceso de elección. En diciembre, una jueza admitió a trámite el amparo del senador independiente Emilio Álvarez Icaza en contra de los vicios que se registraron en el proceso, cuando uno de los requisitos para ocupar el cargo es “no desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación”. Se ha confirmado que Piedra Ibarra fue consejera nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena, el partido en el poder) hasta noviembre pasado. Si bien es el primer amparo que ha prosperado, está lejos de ser la primera queja vinculada a este nombramiento.
En febrero, Frontline Defenders (FLD) informó que México es el cuarto país más peligroso para defender los derechos humanos. Es además el país más peligroso para los defensores medioambientales y contrarios a megaproyectos. La Red TDT ve una conexión entre la violencia contra defensores y las políticas gubernamentales: “hay un aferramiento claro [del Presidente] a la construcción de sus proyectos. El Tren Maya (…), la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, y el aeropuerto de Santa Lucía son los proyectos bandera de este sexenio y los tres están siendo impuestos a las comunidades, los tres tienen amparos, grandes movimientos de oposición. Actualmente continúa una política extractivista, donde el desarrollo económico está basado en el despojo de los pueblos”.
En diciembre finalizó la Consulta Indígena sobre el Tren Maya y según
las autoridades, 93.000 participantes votaron a favor (7.500
participantes en contra). La ONU-DH expresó que este proceso “no ha cumplido con todos los estándares internacionales”. En cuanto a las limitaciones del carácter informado del proceso, “observó
que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo
hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los
impactos negativos que pudiera ocasionar”.
La ONU DH también observó que “como consecuencia de la forma en que se presentó el proyecto (…), las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas (…), lógica que afecta el carácter libre de la consulta”. Igualmente expresó su preocupación en cuanto a la adecuación cultural del proceso, cuando “la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades”. Deploró la baja participación y representación de mujeres y que “la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales, dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades”. También resaltó que las asambleas informativas y consultivas buscaron “establecer acuerdos con las comunidades respecto a su participación en la implementación y la distribución de beneficios, lo cual podría dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta”.
Comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Maya Peninsular y Ch´ol, asentados en Xpujil, Calakmul, Campeche, integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), informaron que, en enero, el Poder Judicial de la Federación les otorgó una suspensión provisional de la ejecución del proyecto. Fonatur informó que ninguna de las instituciones correspondientes fue notificada oficialmente sobre ello.
No es de sorprender que se haya estado debatiendo la posibilidad de presentar una reforma a la Ley Federal de Amparos “para evitar que (…) frenen obras públicas”. Según Proceso, algunos legisladores consideran que “el actual gobierno federal ha impulsado desde su inicio importantes proyectos, los cuales han sido frenados por suspensiones concedidas a través de amparos, ocasionando un perjuicio en el progreso económico y social.”
En diciembre, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas (Morena) presentó su primer informe de gobierno enfatizando que “en Chiapas existe gobernabilidad y prevalece el estado de derecho” y que “somos un gobierno que privilegia el diálogo permanente con todos los sectores sociales y hay justicia para todas y todos”. Aseguró que “se acabó la ostentación de los gobernantes”. Sostuvo que uno de los logros es que
“se han rescatado a últimas fechas más de 32 mil hectáreas, entre
inmuebles de propiedad privada y reservas naturales protegidas”. Afirmó que bajó la incidencia de delitos y se acabó la impunidad.
Varios medios publicaron valoraciones críticas respecto al desempeño del gobierno de Escandón Cadenas. En cuanto a incidencia delictiva, el Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCH) documentó que Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula registraron delitos de alto impacto con tasas por encima de la media nacional en 2019. Estos medios destacaron que en este plazo 6 de los 24 defensores de derechos humanos asesinados en México lo fueron en Chiapas. Recalcaron también que el estado es una de las 10 principales autoridades señaladas en el Informe de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH. En noviembre, varias organizaciones civiles habían señalado que desde el inicio del año se habían registrado 166 muertes violentas de mujeres, de los cuales sólo 76 fueron tipificados como feminicidio.
En diciembre, integrantes de varias parroquias y el área de derechos
humanos de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, entregaron una
carta con siete mil firmas a organismos de la ONU expresando su
inconformidad porque no se les ha consultado para la construcción de
megaproyectos como el tren maya y la autopista San Cristóbal-Palenque.
Denunciaron que “ha hecho caso omiso a nuestra inconformidad y sigue
en marcha la destrucción de nuestros territorios. Simulando una
consulta, el Estado pretende despojarnos de nuestra cultura, tradiciones
y costumbres, dividiéndonos para lograr el exterminio de los pueblos
originarios”.
En febrero, en una carta pastoral, el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, planteó que en Chiapas existen megaproyectos “con los que se afecta a los pueblos”. Se preguntó “¿cómo hacer para que no signifiquen beneficio enorme a unos y despojo a otros?, ¿cómo hacer para integrar al desarrollo -siempre con criterio humano y ecológico- a las poblaciones más desvalidas?”. Aguilar Martínez manifestó que “el despojo también se hace presente a través de la pérdida de las raíces culturales que se provoca con el racismo y la discriminación, y las políticas de gobierno que no toman en cuenta la palabra de los pueblos originarios”. Expresó que el proyecto de seguridad nacional “puede estar muy bien pensado y planeado, pero las instancias intermedias, y sobre todo finales, provocan con frecuencia despojo de los territorios, que se logra a través de diversas estrategias como el desplazamiento forzado, la amenaza, el engaño en la compra de las tierras, la presión con programas sociales, la coerción mediante leyes que favorecen a los poderosos, y la violencia que se da por medio de la policía federal, estatal y municipal, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, como como por grupos de choque, paramilitares o de narcotráfico”.
En diciembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) dio a conocer que presentó un amparo por la “libertad
del sobreviviente de Tortura, víctima de violaciones al debido proceso
legal y actualmente en privación arbitraria de su libertad, Juan de la
Cruz”. Interpuso el amparo ya que desde 2016 existía una
recomendación de libertad con sentencia suspendida expedida por la Mesa
de Reconciliación. Además, denunció hostigamiento en contra de su
personal y de quienes conforman el Colectivo de Familiares de Presos en
Lucha “quienes hemos recibido en noviembre y lo que va de diciembre
amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento e intimidación, en el
contexto de la lucha por la libertad de presos de pueblos originarios,
en particular de Juan de la Cruz Ruiz”. Ante las mismas, el Frayba declaró que “no se ha obtenido una respuesta adecuada de protección por parte de los mecanismos del Estado mexicano (…) minimizando la situación de riesgo que por las circunstancias valoramos que vienen de agentes del propio Estado”. De la Cruz fue liberado unas semanas después.
En diciembre, centros de derechos humanos documentaron un nuevo desplazamiento forzado de una comunidad en el municipio de Chilón. Señalaron que 65 personas fueron desplazadas de San Antonio Patbaxil y que “el mismo grupo agresor desplazó a la población de la comunidad Carmen San José” en 2018. Denunciaron que los desplazados de las dos comunidades “se encuentran en comunidades vecinas, en la cabecera municipal y dispersas en las montañas, en su mayoría sin alimentos ni abrigo, cercadas por el grupo civil armado que impide su retorno con seguridad”. Subrayaron que tres comunidades más se encuentran en riesgo de ser desplazadas.
El mes de diciembre fue marcado por múltiples actividades convocadas
por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y partes del “Combo por la Vida: Diciembre de Resistencia y Rebeldía”. Dicho evento incluyó la Segunda Edición del Festival de Cine Puy Ta Cuxlejaltic; el primer comparte de Danza “Báilate otro mundo”;
el Foro en defensa del Territorio y la Madre Tierra en coordinación con
el Congreso Nacional Indígena (CNI); el Segundo Encuentro Internacional
de Mujeres que Luchan; y, la celebración del 26º aniversario del inicio
de la “guerra contra el olvido”.
En medio de estas actividades, la 4ª Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) declaró que “el mal gobierno apuesta por el desmantelamiento de los tejidos comunitarios, al fomentar los conflictos internos que tiñen de violencia a las comunidades, entre quienes defienden la vida y quienes decidieron ponerle precio, aún a costa de vender las futuras generaciones para el beneficio millonario de unos cuantos corruptos, a los que sirven los grupos armados de la delincuencia organizada”. Afirmaron que “nuestros pueblos, naciones y tribus seguiremos cuidando y defendiendo las semillas de resistencia y rebeldía en medio de la muerte”.
Durante el evento para conmemorar su levantamiento armado, el EZLN recalcó: « dicen que ya no hay zapatistas. Que quedamos muy pocos en resistencia y rebeldía. (…) Y cada año se felicitan los mandones diciendo que ya acabaron con las rebeliones indígenas. (…). Pero cada año (…) nos mostramos y gritamos: ¡aquí estamos! ».
En enero, ante la implementación del Corredor Transístmico en el
Istmo de Tehuantepec, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte
del Istmo (Ucizoni) entregó una queja a la CNDH denunciando que “los ejercicios de ‘consulta’ (…) se llevaron a cabo sin cumplir con los mínimos estándares establecidos”.
Demandó que se llevara a cabo una nueva consulta conforme con el
Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Por su
parte, los varios municipios del Istmo solicitaron a la Secretaria del
Medio Ambiente Recursos Naturales (Semarnat) la ejecución de una
consulta pública que constate el impacto ambiental de la ampliación del
ferrocarril entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, una de
las obras centrales en la propuesta del Corredor. En febrero, Víctor
Manuel Toledo, titular de la Semarnat, reconoció que las consultas “no fueron técnicamente adecuadas” pero sí “legítimas”, y que “los proyectos van a ir” (ver Enfoque).
En otros procesos en los que se está buscando detener a megaproyectos, en febrero, el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos informó que la Semarnat negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al Proyecto San José II, de la compañía minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Consideró que se trata de una victoria parcial ya que la Semarnat recomendó a la empresa presentar una nueva MIA. Ratificó que “Fortuna Silver Mines no tiene la autorización de las asambleas comunitarias en los Valles Centrales de Oaxaca, (…) no otorgaremos ningún permiso municipal o agrario a ninguna empresa minera”. Igualmente en febrero, autoridades del municipio zapoteco de Capulálpam de Méndez anunciaron que ganaron un amparo en contra de la minera canadiense Continuum Resources LTD y de la mexicana Minera Natividad y Anexas nuevamente por la falta de consulta.
Mientras tanto, las agresiones a defensores de derechos humanos siguen siendo constantes. En diciembre, integrantes del Comité de Defensa de Derechos Indígenas (Codedi), anunciaron actividades de protesta para exigir la liberación de Fredy García, quien fue detenido en noviembre pasado. El Observatorio Internacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos considera que su detención se enmarca “en un patrón de ataques sistemáticos en contra del CODEDI en los últimos 21 meses, incluyendo cinco asesinatos, dos intentos de asesinato, seis detenciones arbitrarias, tres incidentes de allanamiento y robo, así como amenazas permanentes y la militarización de la zona en que se encuentra el centro de capacitación de CODEDI”.
Finalmente, de acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a noviembre de 2019 se cometieron 132 asesinatos de mujeres en el estado mientras “solo 27 muertes se investigan como feminicidios”. La violencia de género ha alcanzado a municipios que no habían sido considerados en la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en la que, en lo inmediato, están incluidos apenas 42 municipios de los 500 del estado. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reclamó que “a más de un año de la declaratoria, los resultados son casi nulos y contrario a ello, a la problemática del feminicidio, se suma el incremento de las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes”. Además, en 2019 se denunciaron 1 mil 562 delitos sexuales (sólo 502 carpetas de investigación).
En enero, padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de
Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y el gobierno federal acordaron la
reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) en la investigación del caso. El subsecretario de Derechos
Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que a un año de haberse creado la
Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso, uno de los más
emblemáticos en el país, no hay “resultados tangibles”. Un mes
antes, en la sede de la Escuela de Ayotzinapa, familiares de estudiantes
que perdieron la vida en otros sucesos desde el 2011 anunciaron la
conformación del Comité Los Otros Olvidados que buscará obtener justicia
en sus casos.
En los pocos avances, en diciembre, fue detenido el jefe de gabinete del ayuntamiento morenista de Tlapa de Comonfort, Marco Antonio García Morales, por su presunta participación en la desaparición y asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano, líder del Frente Popular de la Montaña (FPM) en octubre. Es una de las personas que el mismo Cerón Soriano había señalado por corrupción y por tener nexos con la delincuencia organizada y a quienes había responsabilizado de lo que le podría ocurrir.
En los últimos meses, enfrentamientos entre grupos delictivos provocaron nuevos desplazamientos forzados en la Sierra. Según el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, unas 6 mil 500 personas han sido desplazadas forzadamente a causa de la violencia en el estado. El diario Milenio informó que hay 9 mil personas más en riesgo de desplazamiento en la misma zona por las disputas entre bandas criminales.
A finales de diciembre un incidente que refleja la desesperación de la población desplazada, se dio cuando “subió
un convoy con elementos de la Guardia Nacional, del ejército mexicano y
la Unidad de Fuerzas Especiales de la policía del estado, a la
comunidad de El Naranjo”, generando “expectativas entre las familias
desplazadas” que se encuentran ubicados en Chichihualco y que
creyeron que su llegada sería para establecerse posibilitando un retorno
a sus hogares. Al retirarse, los efectivos federales se encontraron con
“unos 100 desplazados (…) quienes bloquearon la carretera.” Tlachinollan informó que dichos efectivos “no
solo agredieron algunas personas mayores sino también a compañeras
defensoras de derechos humanos y a periodistas. El director del Centro
Morelos, Manuel Olivares, por abanderar los reclamos de las personas
desplazadas fue retenido, despojándolo de su celular, del equipo de
cómputo y de documentos relacionados con el caso. Su vehículo fue
dañado. La defensora Teodomira Rosales fue sometida a golpes y
encañonada por una mujer policía. Se abalanzaron contra los periodistas
para impedir que registraran sus fechorías.”
También en enero, el asesinato de 10 músicos en Chilapa y la presentación por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Ciudadanas-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de menores de edad como nuevos integrantes de la policía comunitaria volvió a visibilizar la situación de inseguridad. La incorporación de estos niños (en su mayoría huérfanos por la violencia) en la que estuvieron realizando movimientos tácticos para el combate generó múltiples reacciones. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) consideró esta integración un “acto desesperado” para llamar la atención del Estado. Urgió a las autoridades a “atender los llamados ciudadanos y de organizaciones defensoras de derechos humanos para construir una estrategia nacional que frene la violencia armada en contra de niñas, niños y adolescentes”.
Medios nacionales e internacionales cuestionaron, no obstante, la administración de AMLO por un crecimiento económico nulo en este primer año, así como por su incapacidad para reducir la violencia cuando suman más de 28 mil muertes violentas entre enero y octubre. El propio gobierno también reconoce que en el primer año de gobierno, se reportaron 9 mil 164 personas desaparecidas, de los cuales sólo el 43% fueron localizadas; por lo que habría 61 mil 637 desaparecidos en el país (faltando todavía por integrar datos de 11 fiscalías estatales).
Crisis de derechos humanos: “Cuando las Palabras No Bastan”
© Amnistía Internacional
En un balance similar en enero, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TdT) también planteó que “las buenas intenciones no garantizan la consolidación de un adecuado modelo de procuración de justicia” (…) La puesta en duda de la importancia de la autonomía e independencia para una justicia más eficaz y expedita nos parece preocupante”, recalcó.
Otro tema de polémica, en noviembre, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) enfatizó la importancia de garantizar la independencia y autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) después de que Rosario Piedra Ibarra fuera elegida como nueva presidenta del organismo, aunque partidos políticos de oposición así como colectivos de derechos humanos y víctimas llamaron a que no tomara posesión de su cargo, por señalamientos de incongruencias y presunto fraude en el proceso de elección. En diciembre, una jueza admitió a trámite el amparo del senador independiente Emilio Álvarez Icaza en contra de los vicios que se registraron en el proceso, cuando uno de los requisitos para ocupar el cargo es “no desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación”. Se ha confirmado que Piedra Ibarra fue consejera nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena, el partido en el poder) hasta noviembre pasado. Si bien es el primer amparo que ha prosperado, está lejos de ser la primera queja vinculada a este nombramiento.
En febrero, Frontline Defenders (FLD) informó que México es el cuarto país más peligroso para defender los derechos humanos. Es además el país más peligroso para los defensores medioambientales y contrarios a megaproyectos. La Red TDT ve una conexión entre la violencia contra defensores y las políticas gubernamentales: “hay un aferramiento claro [del Presidente] a la construcción de sus proyectos. El Tren Maya (…), la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, y el aeropuerto de Santa Lucía son los proyectos bandera de este sexenio y los tres están siendo impuestos a las comunidades, los tres tienen amparos, grandes movimientos de oposición. Actualmente continúa una política extractivista, donde el desarrollo económico está basado en el despojo de los pueblos”.
Megaproyectos y derechos de los pueblos indígenas: choques de visiones
“No al Tren Maya”, marcha del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Chiapas © SIPAZ
La ONU DH también observó que “como consecuencia de la forma en que se presentó el proyecto (…), las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas (…), lógica que afecta el carácter libre de la consulta”. Igualmente expresó su preocupación en cuanto a la adecuación cultural del proceso, cuando “la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades”. Deploró la baja participación y representación de mujeres y que “la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales, dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades”. También resaltó que las asambleas informativas y consultivas buscaron “establecer acuerdos con las comunidades respecto a su participación en la implementación y la distribución de beneficios, lo cual podría dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta”.
Comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Maya Peninsular y Ch´ol, asentados en Xpujil, Calakmul, Campeche, integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), informaron que, en enero, el Poder Judicial de la Federación les otorgó una suspensión provisional de la ejecución del proyecto. Fonatur informó que ninguna de las instituciones correspondientes fue notificada oficialmente sobre ello.
No es de sorprender que se haya estado debatiendo la posibilidad de presentar una reforma a la Ley Federal de Amparos “para evitar que (…) frenen obras públicas”. Según Proceso, algunos legisladores consideran que “el actual gobierno federal ha impulsado desde su inicio importantes proyectos, los cuales han sido frenados por suspensiones concedidas a través de amparos, ocasionando un perjuicio en el progreso económico y social.”
CHIAPAS: Gobernador informa de avances, OSC señalan retrocesos
Marcha de Mujeres, 25 de noviembre de 2019, San Cristóbal de Las Casas © SIPAZ
Varios medios publicaron valoraciones críticas respecto al desempeño del gobierno de Escandón Cadenas. En cuanto a incidencia delictiva, el Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCH) documentó que Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula registraron delitos de alto impacto con tasas por encima de la media nacional en 2019. Estos medios destacaron que en este plazo 6 de los 24 defensores de derechos humanos asesinados en México lo fueron en Chiapas. Recalcaron también que el estado es una de las 10 principales autoridades señaladas en el Informe de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH. En noviembre, varias organizaciones civiles habían señalado que desde el inicio del año se habían registrado 166 muertes violentas de mujeres, de los cuales sólo 76 fueron tipificados como feminicidio.
Oposición a megaproyectos: paralelismos con el contexto nacional
Respeto a la vida, la tierra y el territorio de los pueblos, peregrinación del Pueblo Creyente, enero de 2020 © SIPAZ
En febrero, en una carta pastoral, el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, planteó que en Chiapas existen megaproyectos “con los que se afecta a los pueblos”. Se preguntó “¿cómo hacer para que no signifiquen beneficio enorme a unos y despojo a otros?, ¿cómo hacer para integrar al desarrollo -siempre con criterio humano y ecológico- a las poblaciones más desvalidas?”. Aguilar Martínez manifestó que “el despojo también se hace presente a través de la pérdida de las raíces culturales que se provoca con el racismo y la discriminación, y las políticas de gobierno que no toman en cuenta la palabra de los pueblos originarios”. Expresó que el proyecto de seguridad nacional “puede estar muy bien pensado y planeado, pero las instancias intermedias, y sobre todo finales, provocan con frecuencia despojo de los territorios, que se logra a través de diversas estrategias como el desplazamiento forzado, la amenaza, el engaño en la compra de las tierras, la presión con programas sociales, la coerción mediante leyes que favorecen a los poderosos, y la violencia que se da por medio de la policía federal, estatal y municipal, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, como como por grupos de choque, paramilitares o de narcotráfico”.
Otras preocupaciones en materia de derechos humanos
Juan de la Cruz libre, conferencia de prensa, diciembre de 2019 © SIPAZ
En diciembre, centros de derechos humanos documentaron un nuevo desplazamiento forzado de una comunidad en el municipio de Chilón. Señalaron que 65 personas fueron desplazadas de San Antonio Patbaxil y que “el mismo grupo agresor desplazó a la población de la comunidad Carmen San José” en 2018. Denunciaron que los desplazados de las dos comunidades “se encuentran en comunidades vecinas, en la cabecera municipal y dispersas en las montañas, en su mayoría sin alimentos ni abrigo, cercadas por el grupo civil armado que impide su retorno con seguridad”. Subrayaron que tres comunidades más se encuentran en riesgo de ser desplazadas.
Combo por la Vida: Diciembre de Resistencia y Rebeldía
Celebración del 26º aniversario del levantamiento armado del EZLN © SIPAZ
En medio de estas actividades, la 4ª Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) declaró que “el mal gobierno apuesta por el desmantelamiento de los tejidos comunitarios, al fomentar los conflictos internos que tiñen de violencia a las comunidades, entre quienes defienden la vida y quienes decidieron ponerle precio, aún a costa de vender las futuras generaciones para el beneficio millonario de unos cuantos corruptos, a los que sirven los grupos armados de la delincuencia organizada”. Afirmaron que “nuestros pueblos, naciones y tribus seguiremos cuidando y defendiendo las semillas de resistencia y rebeldía en medio de la muerte”.
Durante el evento para conmemorar su levantamiento armado, el EZLN recalcó: « dicen que ya no hay zapatistas. Que quedamos muy pocos en resistencia y rebeldía. (…) Y cada año se felicitan los mandones diciendo que ya acabaron con las rebeliones indígenas. (…). Pero cada año (…) nos mostramos y gritamos: ¡aquí estamos! ».
OAXACA: Tierra y territorio en el centro de muchas luchas
© SIPAZ, Archivo
En otros procesos en los que se está buscando detener a megaproyectos, en febrero, el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos informó que la Semarnat negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al Proyecto San José II, de la compañía minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Consideró que se trata de una victoria parcial ya que la Semarnat recomendó a la empresa presentar una nueva MIA. Ratificó que “Fortuna Silver Mines no tiene la autorización de las asambleas comunitarias en los Valles Centrales de Oaxaca, (…) no otorgaremos ningún permiso municipal o agrario a ninguna empresa minera”. Igualmente en febrero, autoridades del municipio zapoteco de Capulálpam de Méndez anunciaron que ganaron un amparo en contra de la minera canadiense Continuum Resources LTD y de la mexicana Minera Natividad y Anexas nuevamente por la falta de consulta.
Mientras tanto, las agresiones a defensores de derechos humanos siguen siendo constantes. En diciembre, integrantes del Comité de Defensa de Derechos Indígenas (Codedi), anunciaron actividades de protesta para exigir la liberación de Fredy García, quien fue detenido en noviembre pasado. El Observatorio Internacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos considera que su detención se enmarca “en un patrón de ataques sistemáticos en contra del CODEDI en los últimos 21 meses, incluyendo cinco asesinatos, dos intentos de asesinato, seis detenciones arbitrarias, tres incidentes de allanamiento y robo, así como amenazas permanentes y la militarización de la zona en que se encuentra el centro de capacitación de CODEDI”.
Finalmente, de acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a noviembre de 2019 se cometieron 132 asesinatos de mujeres en el estado mientras “solo 27 muertes se investigan como feminicidios”. La violencia de género ha alcanzado a municipios que no habían sido considerados en la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en la que, en lo inmediato, están incluidos apenas 42 municipios de los 500 del estado. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reclamó que “a más de un año de la declaratoria, los resultados son casi nulos y contrario a ello, a la problemática del feminicidio, se suma el incremento de las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes”. Además, en 2019 se denunciaron 1 mil 562 delitos sexuales (sólo 502 carpetas de investigación).
GUERRERO: un panorama trágico
Justicia en el caso de la desaparición forzada (y posterior asesinato) de Arnulfo Cerón © SIPAZ
En los pocos avances, en diciembre, fue detenido el jefe de gabinete del ayuntamiento morenista de Tlapa de Comonfort, Marco Antonio García Morales, por su presunta participación en la desaparición y asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano, líder del Frente Popular de la Montaña (FPM) en octubre. Es una de las personas que el mismo Cerón Soriano había señalado por corrupción y por tener nexos con la delincuencia organizada y a quienes había responsabilizado de lo que le podría ocurrir.
En los últimos meses, enfrentamientos entre grupos delictivos provocaron nuevos desplazamientos forzados en la Sierra. Según el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, unas 6 mil 500 personas han sido desplazadas forzadamente a causa de la violencia en el estado. El diario Milenio informó que hay 9 mil personas más en riesgo de desplazamiento en la misma zona por las disputas entre bandas criminales.
Entrevista de SIPAZ con desplazados de Chichihualco, Sierra de Guerrero © SIPAZ
También en enero, el asesinato de 10 músicos en Chilapa y la presentación por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Ciudadanas-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de menores de edad como nuevos integrantes de la policía comunitaria volvió a visibilizar la situación de inseguridad. La incorporación de estos niños (en su mayoría huérfanos por la violencia) en la que estuvieron realizando movimientos tácticos para el combate generó múltiples reacciones. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) consideró esta integración un “acto desesperado” para llamar la atención del Estado. Urgió a las autoridades a “atender los llamados ciudadanos y de organizaciones defensoras de derechos humanos para construir una estrategia nacional que frene la violencia armada en contra de niñas, niños y adolescentes”.
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